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La presentación del anteproyecto de ley estuvo a cargo de Claudia Sbdar, Ministra de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y María Fernanda Rodríguez, Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, acompañadas por el presidente de la FAM, Ariel Ariza.
Claudio Fede, vicepresidente FAM, Claudia Sbdar, Ministra de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Ariel Ariza, presidente FAM, María Fernanda Rodríguez, Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación y Marcela Ruiz, directora de Relaciones Internacionales FAM
“Es un honor para la FAM, esencialmente imbuida del espíritu federal, constituirse como espacio para discutir esta problemática social. Nos hemos propuesto llevar adelante una participación activa en todos los procesos de reforma de los sistemas judiciales, para dar una respuesta distinta y mejor. Por eso hemos decidido asumir en particular la perspectiva de género en todas nuestras áreas y nuestras actividades; así como hemos lanzado un curso sobre Violencia de Género y otro sobre Niñez y Derechos Vulnerados. Es imprescindible que las estructuras se modifiquen y nuestro modo de actuación también se modifique, porque nos sentimos interpelados por los ciudadanos que son los verdaderos destinatarios de esta iniciativa”, destacó Ariza durante su alocución.
A su turno, Claudia Sbdar destacó el auditorio FAM para presentar el anteproyecto de ley. “Ningún espacio es más propicio para presentar este proyecto que esta casa, que reúne a los jueces de grado de las justicias ordinarias, por las que pasa el 80 o el 90 por ciento de las causas judiciales. Aunque es una norma procesal incluye cuestiones sustantivas. En este anteproyecto tienen una fuerte presencia los principios, que son centrales y que no pueden ser ignorados cuando se aborda esta problemática. La gratuidad es uno de ellos, imprescindible para garantizar el acceso a justicia. Estamos hablando de un magistrado con jurisdicción civil y penal, esto es bastante novedoso. Hay que evitar la atención segmentada, para estas problemáticas. Solamente es posible esta propuesta en el marco de una cooperación entre los poderes del Estado, debe ser asumido como una política de Estado”, concluyó.
Por otra parte, María Fernanda Rodríguez, fue la encargada de destacar las perspectivas desde las que se trabajó el anteproyecto y la necesidad de dar respuestas adecuadas a la ciudadanía. “Nos propusimos organizar la respuesta judicial desde la necesidad de los ciudadanos, no de los operadores judiciales. Para eso fue necesario quitarnos el molde de la división por fueros, para pensar en un juez que entiende de las distintas materias que requiere el problema”.
“¿Cuál es la arquitectura institucional que a un magistrado le permite dar una respuesta adecuada?”, se preguntó la funcionaria, y explicó: “Este anteproyecto está construido sobre tres columnas basales: 1. Modelo de Atención Integral. En él se nuclean todos los servicios requeridos en un solo lugar. Tiene lugar la primera audiencia con el juez, quién define tres cosas centrales en esa instancia: si hacen falta exclusión de hogar; medidas de abrigo; o medidas de apoyo económico; 2. Colegio de Jueces, como si fuesen relatores o audiencistas. Garantizan que no se posterguen las audiencias por enfermedad o ausencia de juez. 3. Ejecución de la sentencia. Es importante que la víctima no se vaya con un “escudo de papel”. El Ejecutivo es quién debe subsidios, abrigo, etc.”.