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Con la participación y el apoyo de la presidenta de la FAM, Marcela Ruiz, jueces y juezas de la provincia de Santa Fe se reunieron en los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario preocupados por decisiones del gobierno provincial que afectan la independencia judicial.
La manifestación frente a los Tribunales Provinciales de Rosario estuvo organizada en el marco del Primer Encuentro Provincial de la Magistratura y la Función Judicial, en la que los expertos en derecho analizaron las iniciativas del gobernador Maximiliano Pullaro, particularmente la reforma previsional, las demoras en cubrir vacantes judiciales que resienten las prestaciones y el ataque a la independencia judicial que es, en definitiva, un perjuicio para la ciudadanía.
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“No es una cuestión corporativa sino un beneficio y un derecho de la ciudadanía de ser juzgados por jueces independientes. Se ha modificado el ingreso al Poder Judicial. Hay un principio, que es el de la progresividad, y hay una regresión porque antes el gobernador estaba limitado en su capacidad de elegir y ahora puede elegir entre cualquier persona que haya rendido el examen, lo que afecta su independencia”, manifestó Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.
Magistrados y magistradas cuestionan la reforma por la Caja de Jubilaciones porque consideran que se está usando esta medida para llevar adelante un recambio en la Suprema Corte y el resto de los tribunales para armar una Justicia a medida. El mecanismo de selección de jueces también está bajo cuestionamiento por la conformación de la nueva Cámara de Ejecución Penal.
"El aspecto de la independencia es medular para cualquier Poder Judicial, que se autogobierna, no lo gobierna ningún otro poder del Estado", dijo Roberto Dellamonica, presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe. "Se necesita su presupuesto para funcionar, en la provincia es ínfimo, representa sólo el 3.29 % del total. Necesitamos que se cubran las vacantes porque estamos funcionando con un 75 por ciento de la cantidad de magistrados. Y con respecto al tema previsional hemos hecho presentaciones a la comisión que trató el tema. Se debe respetar la jurisprudencia en el tema previsional de la Corte Nacional", explicó Dellamonica.
El jueves pasado el gobierno provincial presentó los detalles de la reforma previsional enviada a la Legislatura para su tratamiento. El proyecto mantiene las edades de acceso a la jubilación, pero eleva los aportes del personal en actividad de manera escalonada. También establece un “aporte solidario” tanto para los beneficiarios de la Caja actual, como para el personal en actividad que ocupe un cargo de conducción política en la gestión. Pero en el Poder Judicial son otros aspectos los que generan preocupación. Por un lado, el tope de haberes: ningún jubilado podrá cobrar un beneficio superior a las 20 jubilaciones mínimas.
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El otro aspecto pasa por las normas que regirán durante el período de cambio de sistemas. El proyecto fija que los trámites de jubilación en curso al momento de publicarse la ley, serán analizados por la Caja y, en caso de obtener dictamen favorable, podrán acceder al beneficio anterior. Sin embargo, aquellos trámites “que fueron paralizados por voluntad del beneficiario por más de seis meses” accederán al beneficio con el régimen jubilatorio vigente al cese de la prestación de servicios. En concreto, si alguien quisiera jubilarse con el sistema vigente –que en el caso del Poder Judicial puede brindar una jubilación más alta– deberá cesar en sus funciones antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema.
Iván Kvasina, vicepresidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, se refirió a la situación de jueces y funcionarios judiciales que siguen en funciones pese a que sus trámites jubilatorios ya están finalizados y señaló que se trata de un mecanismo previsto en la ley jubilatoria: “Lo puede utilizar cualquier empleado del sector público provincial. No es una potestad exclusiva de los jueces, ni mucho menos. Es, justamente, un dispositivo normativo que ya antes de la década del noventa estaba vigente y que se usa regularmente”.
“Hay un sentimiento de inquietud general a partir de todo un cuadro de situación, en donde tenemos una visión compartida: hay cierto riesgo de afectación a la independencia judicial, por una serie de acciones y omisiones. Estamos llegando a una situación en donde la calidad del servicio empieza a sufrir un deterioro por la falta de cobertura de vacantes y por la parálisis administrativa vinculada justamente a las designaciones y ascensos de los empleados administrativos. Y existen toda una serie de medidas que, en su conjunto, vienen trabando el funcionamiento del Poder Judicial y generando una sensación de riesgo para la independencia”, finalizó Kvasina.