sep
Por Marcela Ruiz, Presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial
I. Introducción
La sociedad global está inmersa en un proceso acelerado de incremento de la complejidad, un fenómeno que también se manifiesta claramente en la sociedad argentina. Esta complejidad puede observarse en varios aspectos: la indeterminación, la no linealidad entre acciones y resultados, y una creciente interdependencia entre los actores sociales, económicos y políticos.
La indeterminación del mundo en el que nos movemos nos lleva a la creciente dificultad para prever los resultados de nuestras acciones. En un mundo cada vez más complejo, las decisiones que antes parecían claras y directas ahora se ven envueltas en una maraña de variables impredecibles.
La globalización, la interconexión de los mercados y las rápidas innovaciones tecnológicas han creado un entorno donde las consecuencias de las decisiones no son siempre lineales ni fácilmente controlables.
Por su parte, la interdependencia global hace que las naciones, comunidades y hasta los individuos estén cada vez más conectados, lo que significa que las acciones de unos afectan inevitablemente a otros.
A este complejo escenario se le agrega el más desestabilizante y transformador de todos los aspectos: la tecnología.
La tecnología ha transformado radicalmente la manera en que vivimos, trabajamos, y nos relacionamos. En las últimas décadas hemos sido testigos de un avance acelerado en las herramientas tecnológicas que han cambiado casi todos los aspectos de nuestras vidas, con un impacto en la cotidianidad. Desde la comunicación instantánea y de múltiples formas, hasta el acceso a la información global, la tecnología ha redefinido nuestras rutinas diarias. Podríamos decir que este verdadero cambio tecnológico ha producido una revolución en las comunicaciones, lo que hace que el mundo se mueva a pasos agigantados.
Este fenómeno en evolución, visualizado a partir de la pandemia de Covid del 2019, evidenció que la mayoría de las personas en las sociedades contemporáneas se desenvuelve en tres entornos: natural, urbano y digital. Mientras que los dos primeros existen desde hace mucho tiempo, el tercero es todavía nuevo y evoluciona rápidamente (1).
Todo ello presenta, como contrapartida, que se esperen también respuestas inmediatas. Son tiempos en los que muchas cuestiones se definen con un click; basta con tocar un botón para contratar, para realizar viajes, para mandar mensajes, para aceptar y rechazar un amplio abanico de posibilidades. Por más que en algunas circunstancias nos pese, nos encontramos atravesados por la cultura de lo express, de lo rápido, de lo inmediato, de la sociedad líquida (2).
II. Innovación y tecnología en la justicia
La revolución tecnológica y de las comunicaciones, y la innovación, también ha tenido repercusiones significativas en el ámbito de la justicia. Es importante señalar que los conceptos de innovación y tecnología deben ser entendidos en un sentido amplio, para que puedan abarcar lo que estamos haciendo junto al sentido y propósito que impulsan esas políticas. Esta aspiración, está enraizada en las tecnologías que hoy podrían integrar este fenómeno, en su mutabilidad, variación, movilidad. Por ello deben conceptualizarse con amplitud.
Innovar es casi un mandato de nuestro tiempo: todas las organizaciones son llamadas a innovar y casi todas entienden que los cambios que se implementen deben tener a sus públicos usuarios en el centro de las preocupaciones. Ese es también nuestro camino, y lo hemos transitado fundamentalmente en dos planos: el de los cambios procesales; y el de una radical modificación en la forma de diseñar nuestras políticas; ya no se trata solo de mirar a quienes forman parte del Poder Judicial, sino que es preciso observar con detenimiento a quienes son los destinatarios de las decisiones que se toman: la ciudadanía.
Muchos cambios se han producido en el diseño de las políticas y acciones tendientes a llevarlas adelante: ya abandonamos la idea de “hacer saber” e incluso de limitar las invitaciones a “participar”; ahora, trabajamos para “involucrar” en la construcción de políticas públicas judiciales a las personas y organizaciones vinculadas a nuestro ámbito.
Esto ha llevado a cambiar numerosas prácticas en nuestros poderes judiciales. Ya no se trabaja en conferencias, sino que por medio de reuniones, con o sin agenda de temas preestablecidos, se trabaja con: organizaciones de víctimas; con vecinas y vecinos de las ciudades, o departamentos en los que se sitúan los centros judiciales; con organizaciones con recorrido en problemáticas de género; con profesionales expertos en sistemas procesales; con expertos en tecnología, en inteligencia artificial, en metodologías innovadoras de gestión organizacional; con familiares de detenidos; con colegios de abogados; con organizaciones de periodistas; con legisladores y titulares de poderes ejecutivos a nivel municipal, provincial y nacional; y una larga lista adicional. Con todos y cada uno de ellos partimos de la pregunta (a veces explícita) ¿qué podemos hacer para mejorar?, ¿cómo podemos ayudarlos?, ¿cómo pueden ayudarnos a mejorar nuestro desempeño?, ¿qué acciones y políticas podemos desarrollar juntos, cooperando o coordinados?
III. Acciones concretas
La vocación de innovar y la posición de flexibilidad ante los procesos —en la claridad de que eso no compromete ni debe comprometer, la tutela de derechos y garantías— se vieron incrementadas por el incentivo involuntario de la última pandemia que azotó nuestro país.
El aislamiento obligatorio derivado de la pandemia de COVID-19 produjo inevitables y acelerados cambios en nuestros tribunales: lo que se hacía en los espacios físicos de las oficinas jurisdiccionales y no jurisdiccionales debió migrar a espacios virtuales. Esto produjo cambios significativos en la circulación de la información, en la forma de tomar audiencias, en la manera de recibir las denuncias, en el ingreso de las causas judiciales, etc. De un día para el otro, el trabajo remoto a través de plataformas virtuales pasó a formar parte de nuestras vidas.
El aislamiento hizo que se desarrolle la creatividad de las/os operadores judiciales, a fin de dar respuestas inmediatas a la sociedad. Es importante resaltar que los poderes judiciales de muchas provincias de nuestro país fueron los primeros en producir los cambios necesarios para dar respuestas a la sociedad. Fueron las justicias provinciales las que, en su mayoría, en un primer momento aseguraron las guardias mínimas para no dejar de atender los requerimientos sociales; para en un segundo momento iniciar o continuar procesos de digitalización, recurriendo para llevarlos a cabo a capacitaciones virtuales.
IV. El rol del asociacionismo judicial
Frente a esos enormes desafíos el asociacionismo judicial estuvo más activo que nunca. Fue muy importante el aporte que desde los colegios y asociaciones se realizaron hacia quienes tienen a su cargo el gobierno de los poderes judiciales: me refiero a las cortes supremas de justicia y superiores tribunales. Se les hizo llegar las opiniones, sugerencias, ideas, proyectos, de las/os magistradas/os nucleados en su seno. Esa interacción permanente hizo que fuera posible la implementación de nuevas políticas con la colaboración y acompañamiento de la magistratura y el funcionariado.
La capacitación no quedó al margen. Desde FAM realizamos centenares de capacitaciones virtuales; dimos plena actividad a nuestro canal de YouTube, realizamos talleres, jornadas académicas y de reflexión, formación en uso de tecnologías; trabajo con las organizaciones y poblaciones de nuestras comunidades que se vieron más impactadas.
La pandemia no nos podía detener; esto hizo que nuestras tradicionales asambleas fueran realizadas de manera virtual, con debates sobre los temas que en esos momentos nos ocupaban y también con el diseño de políticas institucionales en el marco de estas.
Pese al contexto de incertidumbre, como otra variable positiva, pudo observarse una aceleración en la oferta de soluciones de base tecnológica aplicables a la gestión judicial, lo que, con posterioridad, llevó a la creación de áreas específicas de tecnología e innovación en diferentes ámbitos de los sistemas de justicia. Rápidamente se advirtió que era poco probable que se pudiera evaluar individualmente cada una de las tecnologías disponibles y absolutamente imposible adaptarlas a las necesidades judiciales, sin trabajar junto con profesionales locales e internacionales.
Otra vez, el rol de la FAM fue trascendente. A raíz de la fuerte presencia en cada uno de esos espacios, a través de nuestras/os asociadas y asociados, se convirtió en partner auspiciante y organizadora de muchas de las iniciativas y programas de capacitación y de experimentación en laboratorio de esas tecnologías.
Pero la incorporación de tecnología nos puso frente a un concepto no muy desarrollado en el mundo judicial, hasta ese momento: la interdependencia. Es que, en general, quienes nos desempeñamos en el ámbito judicial estamos formados y conocemos de Derecho; no tenemos formación, o es muy escasa, en materia tecnológica, salvo algunas excepciones de personas que están formadas en ambas disciplinas y que asiduamente utilizan tecnologías disruptivas.
Asimismo, y como otro de los aportes de nuestra Federación, en virtud de su carácter federal, y con presencia a lo largo del extenso territorio nacional, permitió la interacción y hasta el know how en muchos casos, convocando y poniendo a disposición de personas con conocimiento y experiencia en la materia, para definir las ideas que lleven al cambio tecnológico.
V. Los cambios llegaron para quedarse
Terminado un período luctuoso en la historia mundial, nacional, provincial y en muchos casos familiar, lo que se hizo hasta ese momento constituyó los cimientos del crecimiento exponencial que en materia de innovación y tecnología experimentaron los poderes judiciales de las provincias argentinas.
En las 23 provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se promovieron numerosos cambios tendientes a mejorar nuestros sistemas informáticos y a desarrollar políticas de acceso a justicia que nos acercaran más a la ciudadanía.
No fue un camino fácil. Las resistencias y los miedos aparecieron en muchos casos, pero primaron los desafíos y el compromiso de las/os operadoras/es judiciales a lo largo y a lo ancho del país.
Las justicias provinciales argentinas realizaron un proceso de adaptación muy profundo, orientado a mejorar el acceso a justicia; la inmediación, el control y la participación de las partes y de la sociedad; la agilidad y celeridad en la respuesta; la neutralidad y la garantía del debido proceso; la eficiencia en el uso del tiempo y de los recursos; y la disminución del impacto ambiental, entre otras cosas. Como consecuencia de ello, en distintas provincias se pasó de una justicia escritural a la oralidad, casi plena en todos los fueros; en materia penal, la mayoría de las provincias argentinas adoptó el sistema acusatorio adversarial; varias de ellas pusieron en marcha juicios por jurados penales, e incluso civiles; dentro de los programas de transparencia y publicidad en varios poderes judiciales provinciales se permitió que algunos juicios orales pudieran ser seguidos por la comunidad, a través de canales digitales propios, etc.
En lo que respecta al avance tecnológico, en toda la Argentina se observó procesos de digitalización de los expedientes, otrora en formato papel. El pasaje no fue fácil, pero las justicias provinciales se adaptaron rápidamente. Asistimos a un escenario totalmente distinto en el que, en algunos casos, ya no hay en las oficinas jurisdiccionales y no jurisdiccionales ni un expediente papel. De este modo se logró que algunos poderes judiciales desarrollen sistemas de gestión de expedientes propios, sin recurrir a enlatados o a sistemas ya existentes.
De una serie de encuestas recabadas por la Dirección de Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial de la FAM —que buscaban conocer de manera concreta los sistemas de gestión, las experiencias en expedientes electrónicos utilizados para el ejercicio de la función jurisdiccional de nuestros poderes judiciales, a fin de trabajar en espacios de intercambio y colaboración— se visualizaron tres tipos de sistemas: a) sistemas adquiridos a empresas (propietarios) que pueden adaptarse y modificarse; b) propietarios que no pueden modificarse, c) y por último, aquellos poderes judiciales que tienen desarrollado su propio software, que además están cediendo (como es el caso del sistema de Tucumán cedido al Poder Judicial de San Juan). De las encuestas mencionadas, un 56% de los poderes judiciales encuestados tienen un sistema de gestión de actualizaciones electrónicas y un 43%, distintos sistemas de gestión de actuaciones electrónicas para distintos fueros; por ejemplo, sistemas diferenciados para el fuero civil y penal. Además, otro dato trascendente, es que un 62% de los poderes judiciales gestionan expedientes en forma mixta (digital y papel) y el 37% exclusivamente en formato digital. Otro dato relevante es que del 58% de los encuestados se advierte que tienen un software completamente adaptado para el trabajo remoto, un 25% no lo tiene adaptado, y en los restantes casos no permite o lo permite parcialmente.
Esto dio lugar también a la celebración de acuerdos entre diferentes regiones de Argentina y entre distintos poderes judiciales mediante los cuales, de manera gratuita, se compartieron los avances y desarrollos de algunas jurisdicciones a otras.
Además de lo importante que fue desde el punto de vista tecnológico, lo fue aún más desde el punto de vista de la solidaridad y del trabajo conjunto que impregnó este tipo de iniciativas.
Párrafo aparte lo constituyen los sistemas desarrollados en algunos ministerios de la defensa de nuestro país, en los que, gracias a los avances tecnológicos, se abrieron espacios en puntos alejados de los centros judiciales a fin de que las/os ciudadanos pudieran participar de audiencias mediante plataformas virtuales y de este modo generar un verdadero acceso a justicia de los sectores vulnerables de la sociedad.
Los datos recabados por la Dirección de Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial de la FAM revelan un panorama alentador en cuanto a la adopción de tecnologías en los poderes judiciales, evidenciando avances significativos en la digitalización de procesos y la implementación de herramientas que optimizan la gestión judicial.
En primer lugar, destaca el alto porcentaje de sistemas que ofrecen modelos pre-redactados (85%) y permiten la creación de modelos propios de escritos judiciales (92%), lo cual agiliza la labor de los profesionales del derecho y promueve la eficiencia en la redacción de documentos. Asimismo la amplia disponibilidad de agendas digitales para la gestión de audiencias y sorteos (92%) contribuye a una mejor organización y planificación de las actividades judiciales.
La realización de audiencias virtuales, adoptada por la gran mayoría de los encuestados (85%) demuestra una clara adaptación a las nuevas modalidades de trabajo y comunicación, facilitando el acceso a la justicia y reduciendo costos y tiempos de traslado. Es importante señalar que la mayoría de estas audiencias se realizan con software de terceros (85%), lo que puede implicar desafíos en términos de seguridad y soberanía tecnológica.
Si bien aún persisten desafíos en áreas como la firma digital (44% con firma digital, 23% con firma ológrafa) y el acceso ciudadano a los expedientes (50% de los sistemas no lo prevé), los datos muestran un progreso considerable en la implementación de sistemas de gestión de expedientes electrónicos. La mayoría de los encuestados cuenta con sistemas que trabajan con oficios electrónicos (78%) y pases electrónicos (84%), lo que agiliza la tramitación de documentos y reduce el uso de papel.
En definitiva, los datos evidencian un compromiso de los poderes judiciales con la modernización, la transparencia y la transformación digital.
La irrupción de la Inteligencia Artificial, y en particular la IA Generativa, junto con otras tecnologías emergentes, está reconfigurando el panorama de la justicia a una velocidad sin precedentes. Esta transformación digital, lejos de ser una mera actualización tecnológica, plantea desafíos y oportunidades que exigen una respuesta proactiva y responsable desde los poderes judiciales.
No podemos ignorar que la sociedad actual, inmersa en la era digital, demanda una justicia ágil, accesible y eficaz. Los ciudadanos esperan encontrar en la judicatura respuestas de calidad en plazos razonables, que les brinden seguridad y confianza en el sistema. La implementación de tecnologías como la IA Generativa puede ser un catalizador para lograr estos objetivos, optimizando procesos, facilitando el acceso a la información y mejorando la toma de decisiones.
Sin embargo, esta integración tecnológica debe realizarse con cautela y visión de futuro. Debemos asegurarnos de que la implementación de la IA Generativa y otras tecnologías en la justicia se realice de manera ética, transparente y respetuosa de los derechos fundamentales, así como adecuada a los marcos legales previamente establecidos. Por ello, es crucial establecer marcos regulatorios sólidos que garanticen la protección de datos, la equidad y la rendición de cuentas en el uso de estas herramientas.
La justicia del futuro debe ser una justicia conectada con la sociedad, capaz de adaptarse a los cambios y brindar respuestas efectivas a los desafíos que plantea el mundo digital. La implementación responsable de la IA Generativa y otras tecnologías emergentes puede ser un paso crucial en esta dirección, permitiéndonos construir un sistema judicial más eficiente, accesible y justo para todos.
Desde los poderes judiciales debemos dar respuesta a la sociedad existente en cada momento, atentos a los efectos que esas respuestas tendrán sobre la población que habite en el futuro. Necesitamos que la población encuentre en la judicatura, y en sus decisiones, conexión, sentido, espacios de seguridad y, fundamentalmente, respuestas de calidad en plazos razonables, porque eso forma parte del rol pacificador que define el propósito último de esta institución.
Es por ello que, desde el asociacionismo judicial, y más concretamente desde la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), entendemos que buena parte de esas respuestas pasan por el ejercicio de nuestra función, con una pata puesta en las innovaciones sean o no tecnológicas, sin descuidar otros aspectos como la valoración de las personas que trabajan en nuestros poderes judiciales; sin perder de vista lo humano. No debe perderse de vista que la creciente complejidad genera efectos psicológicos significativos, los que deben ser registrados y abordados.
VI. Nuevos tiempos, los mismos desafíos
Si bien es cierto que mucho se ha avanzado desde los poderes judiciales en materia tecnológica, la magistratura y la función judicial del país y del mundo enfrenta muchos desafíos y problemas similares a los que afrontaba el siglo pasado.
Los embates a la independencia judicial no han cesado. Quizás con los nuevos tiempos, estos han adoptado otras formas, pero lo cierto es que no se han detenido. Podemos observar que mantienen su vigencia en varias provincias argentinas los intentos de los otros poderes del Estado de introducir reformas legislativas, e incluso constitucionales, que implican una clara regresión en materia de derechos.
Así, hay proyectos que buscan modificar los regímenes jubilatorios, aumentando la edad jubilatoria, los aportes, estableciendo topes a las jubilaciones, o eliminando la movilidad jubilatoria; de disolver algunos consejos de la magistratura en una clara regresión en la materia, dejando librada a la discreción de los gobernantes una cuestión de tanta importancia como es la selección de magistradas/os. Párrafo aparte tiene la cuestión de las disminuciones presupuestarias hacia el Poder Judicial. Solo un ejemplo encontramos a nivel nacional, el de la Provincia de San Luis, que busca dotar a su Poder Judicial de la tan añorada autarquía financiera. Este proyecto cabalga en soledad frente a los escenarios que se dan en varias jurisdicciones que buscan la disminución presupuestaria.
No debe perderse de vista la cuestión de género. El techo de cristal sigue sin poder romperse. También es solitario el proyecto presentado en la Provincia de Córdoba que pretende fijar la paridad de género en toda su justicia.
La desacreditación a la magistratura ha sido moneda corriente en todas las provincias. El avance tecnológico y de las comunicaciones hace que cada vez con mayor frecuencia observemos cómo se realiza todo tipo de publicaciones tendientes a empañar la reputación de integrantes del Poder Judicial, cuando las decisiones que se toman no complacen a algunos intereses.
Frente a este contexto es necesario reivindicar y valorar al asociacionismo judicial.
Ese asociacionismo que constituye un verdadero escudo cuando el juez o la jueza en soledad no puede afrontar los ataques y presiones. Es fundamental el rol que juegan los colegios y asociaciones de magistrados y funcionarios; no solo con la contención sino con la defensa de quienes las sufren.
Son tiempos difíciles en donde las exigencias hacia quienes formamos parte de los poderes judiciales son muchas y los reconocimientos escasos.
Por eso, a través de estas líneas, y en una fecha tan importante para nuestra Federación, en la que se cumplen 58 años de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, quiero reconocer el trabajo que realizan juezas y jueces, fiscalas y fiscales, defensoras y defensoras, funcionarias y funcionarios, de las 23 provincias y de CABA. Vaya para ellas/os mis más sinceras felicitaciones por la labor que realizan día tras día; por el sacrificio, la entrega, el compromiso con el que trabajan. Y vayan también mis palabras de acompañamiento para todas/os aquellas/os que sufren los embates al defender con su cuerpo la independencia de nuestro Poder Judicial.
Es necesario sostener, como ya se hizo en reiteradas oportunidades, que la independencia judicial, que se pretende instalar como un privilegio, constituye una verdadera garantía de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que goza del derecho de ser juzgada por jueces independientes, que ejerzan sus funciones libres de presiones y de condicionamientos. Sin independencia judicial no habrá jamás una verdadera república.
Asimismo, en este 15 de setiembre, y evocando la gesta de quienes fundaron nuestra Federación en el año 1966, después de un proceso de varios años, es importante reconocer el trabajo, y compromiso de quienes presiden los 24 Colegios y Asociaciones que conformar la FAM: Buenos Aires: Claudio Jesús Santagati; Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Lisandro Ezequiel Fastman; Catamarca: Jorge Rolando Palacios; Chaco: Fabiana Andrea Bardiani; Chubut: Claudio Petris; Córdoba: Silvana Chapero; Corrientes: Diego Norberto López Huel; Entre Ríos: Alejandro Cánepa; Formosa: Viviana Taboada; Jujuy: Alejandro Domínguez; La Pampa: Laura Torres; La Rioja: Carlos Castellano; Mendoza: Norma Llatser; Misiones: Carlos Giménez; Neuquén: Patricia Lupica Cristro; Río Negro: Andrea Tormena; Salta: Virginia Solórzano; San Juan: Ana Lía Larrea; San Luis Capital: Hugo Guillermo Saa Petrino; Santa Cruz: María Alejandra Vila; Santa Fe: Roberto Dellamonica; Rosario: Iván Kvsina; Santiago del Estero: Darío Alarcón; Tierra del Fuego: Julián de Martino; Tucumán: Jorge H. Jakobsen; San Luis - Villa Mercedes: Nora Graciela Villegas.
Por último, agradezco muy especialmente al gran equipo que integra la Mesa Ejecutiva de FAM:
Vicepresidente 1: María Gabriela López Arango;
Vicepresidente 2: Eduardo Barrionuevo;
Secretario: Christian José Fabio;
Tesorero: Darío Alejandro Alarcón;
Secretaria Adjunta: Marcia Alicia Lozada Figueroa;
Secretaria de la Defensa de la Magistratura: Carina Paola Estefanía;
Secretaria de Relaciones Institucionales: María Laura Viviana Taboada;
Dirección de Politicas de Género: Andrea Beatriz Tormena;
Dirección Instituto de Estudios Judiciales: Hugo Guillermo Saa Petrino;
Secretario de Políticas: Carlos Giménez;
Dirección de Relaciones Internacionales: Laura Flores;
Dirección de Investigaciones Judiciales: Luz Masferrer;
Dirección de Extensión y Gestión Social: Fabiana Bardiani;
Dirección del Secretariado y Funciones Afines: Julia Barceló;
Dirección de Seguridad: Gustavo Salvador;
Dirección de Nuevas Tecnologías: Marcelo Gauna;
Dirección de Acceso a la Justicia: Norberto Godoy;
Instituto de Derecho Civil: Roberto Dellamonica;
Instituto de Derecho Penal: Patricia Lupica Cristo.
LA LEY EDICIÓN ESPECIAL DÍA DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL (número completo)