Histórico acuerdo de cooperación: La Corte IDH y la Federación Argentina de la Magistratura firman un convenio estratégico en Montevideo

MONTEVIDEO, URUGUAY – En el marco del 195° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se celebró hoy la firma de un Acuerdo Marco de Cooperación entre el tribunal internacional y la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM). El convenio busca coordinar esfuerzos para profundizar el conocimiento del derecho y difundir los instrumentos internacionales de derechos humanos en beneficio de la administración de justicia.

La firma de este documento representa un paso fundamental para federalizar el derecho internacional en la República Argentina, consolidando un canal directo de trabajo entre los poderes judiciales locales y la máxima instancia de protección de derechos humanos del continente.

El acto formal estuvo encabezado por el presidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch, y la presidenta de la FAM, Marcela Fabiana Ruiz. Estuvieron acompañados por una comitiva de alto nivel: por parte del tribunal internacional asistieron las juezas Verónica Gómez y Nancy Hernández López, junto al juez Diego Moreno Rodríguez; mientras que junto a la presidenta Ruiz estuvo la Delegación de la FAM actualmente presente en la capital uruguaya.

Durante la ceremonia, las y los magistrados expresaron la relevancia de esta alianza estratégica:

Celebración de la presencia del federalismo argentino: La jueza de la Corte IDH, Verónica Gómez, en su calidad de magistrada argentina del tribunal, puso de relieve la participación de la delegación de la FAM en las sesiones de la Corte IDH. Destacó que la Federación representa a todas las provincias del país, y subrayó la presencia de personas con distintas funciones dentro de los poderes judiciales ya que “aquí tenemos representados jueces, juezas, defensores, fiscales, funcionariado y secretariado judicial”.

Seguimiento de fallos internacionales: Por su parte, la jueza Nancy Hernández López, encargada del seguimiento de los casos de condena a la Argentina, mostró un gran interés en articular tareas operativas con la FAM. El objetivo será cooperar activamente en el relevamiento y monitoreo de dichas sentencias.

Cooperación institucional: El juez de la Corte IDH, Diego Moreno Rodríguez, sumó su visión sobre la importancia de la cooperación institucional con la FAM, calificando como fundamental el trabajo conjunto para blindar los derechos humanos en cada territorio. Sin embargo, lanzó una fuerte advertencia sobre la falta de acatamiento de las sentencias del tribunal por parte de los Estados, señalando con preocupación que este incumplimiento posterga o bloquea el acceso real de las víctimas a una justicia oportuna.

Alerta por el contexto regional: Al hacer uso de la palabra, Marcela Ruiz ratificó el fuerte compromiso de la FAM para trabajar en la promoción de los derechos humanos. Subrayó la necesidad de actuar con firmeza ante el retroceso que se está viviendo en la región, una preocupación que fue compartida de manera unánime por todos los presentes en la sala.

Convocatoria a futuro: Para cerrar, el presidente Rodrigo Mudrovitsch manifestó su profunda satisfacción por el apoyo y acompañamiento institucional al trabajo del tribunal, y aprovechó la oportunidad para convocar formalmente a la FAM a participar en las próximas sesiones del organismo.

El convenio, que tendrá una vigencia de cinco años, establece una serie de acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento institucional y académico:

Pasantías y prácticas profesionales: La Corte IDH admitirá anualmente a un profesional de la FAM (con prioridad para graduados en Derecho) seleccionado mediante un proceso competitivo interno.

Asistencia judicial gratuita: La FAM valorará e impulsará la posibilidad de crear un programa de asistencia jurídica gratuita destinado a personas vulnerables que no posean recursos para acceder al sistema interamericano.

Cooperación académica e investigativa: Se contempla el desarrollo de investigaciones jurídicas mutuas, el intercambio bibliográfico de jurisprudencia y publicaciones, y el acceso recíproco a programas de capacitación para los funcionarios de ambas organizaciones.

Comité de enlace: Se constituirá un comité integrado por un funcionario de cada institución para coordinar y realizar el seguimiento operativo de los objetivos trazados.