La FAM acompaño a la Corte Suprema de Santa Fe en la presentación de su Oficina de Género

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe puso formalmente en funcionamiento este lunes la Oficina de Género del Poder Judicial, una nueva dependencia que tendrá como objetivo incorporar la perspectiva de género en la planificación institucional, los procesos internos y las decisiones judiciales de toda la provincia.

El lanzamiento se realizó en Rosario y contó con la presencia de la vicepresidenta primera de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), María Gabriela López Arango, Iván D. Kvasina, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe y titular del Instituto de Derecho Constitucional de la FAM, y Gustavo Salvador, director de la Dirección de Seguridad de la Federación.

El encuentro tuvo como principal expositora a la abogada peruana Julissa Mantilla Falcón, ex comisionada y ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien brindó la conferencia magistral “Estándares internacionales sobre derechos de las mujeres y la justicia”.

El acto contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema santafesina, Rafael Gutiérrez; la ministra Margarita Zabalza, coordinadora de la nueva Oficina de Género; y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Rubén Weder. También participaron autoridades de los tres poderes del Estado, representantes del ámbito académico, integrantes del Poder Judicial, magistrados y funcionarios.

La actividad abrió dos jornadas de trabajo con integrantes de la magistratura de distintos fueros de toda la provincia. Durante la primera jornada, Mantilla Falcón mantuvo un encuentro con jueces y juezas de la magistratura penal de primera y segunda instancia, junto con la ministra Zabalza y los ministros Erbetta y Baclini. La reunión estuvo destinada a analizar problemáticas actuales de la actividad jurisdiccional vinculadas con cuestiones de género.

La Oficina de Género fue creada mediante el Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia N° 6, punto 12, del 10 de marzo de 2026. Su misión central será contribuir a incorporar la perspectiva de género en las políticas institucionales, los procesos internos y las decisiones del Poder Judicial, con el propósito de prevenir y eliminar diferencias discriminatorias basadas en el género y garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.

Para avanzar en ese objetivo, la nueva dependencia definió cinco ejes estratégicos.

El primero es la transversalización, destinada a institucionalizar la perspectiva de género y fortalecer la protección de los derechos de mujeres y diversidades en las decisiones y acciones del Poder Judicial.

El segundo corresponde a capacitación y sensibilización, con programas de formación destinados a quienes integran la Justicia, incluidos magistrados, funcionarios y personal administrativo y de maestranza. En este punto se contempla el cumplimiento de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia de género para quienes integran los tres poderes del Estado.

El tercer eje es la articulación, que apunta a coordinar acciones con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las oficinas de género de otros poderes judiciales provinciales y organismos públicos, universidades, colegios profesionales e instituciones nacionales e internacionales.

La jurisprudencia con perspectiva de género constituye el cuarto eje. La Oficina tendrá entre sus tareas sistematizar y publicar fallos que incorporen los estándares internacionales vigentes en materia de protección de los derechos de mujeres y diversidades, como herramienta de consulta para la sociedad, profesionales de la abogacía y quienes tienen a su cargo decisiones judiciales.

Finalmente, el quinto eje será la recopilación de datos, con el objetivo de relevar información que permita identificar desigualdades estructurales vinculadas al género y formular propuestas para mejorar el acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad.