Comunicado: Posicionamiento sobre las modificaciones introducidas por el Gobierno en el procedimiento de selección de integrantes para la Corte Suprema de Justicia de la Nación y autoridades del Ministerio Público

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresa su más enérgico rechazo a las modificaciones introducidas por el Decreto 467/2026 respecto del procedimiento de selección de magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como de las autoridades superiores del Ministerio Público.

En particular, manifestamos nuestra profunda preocupación por las reformas que restringen los mecanismos de participación ciudadana vinculados con la presentación de observaciones, impugnaciones y adhesiones respecto de las personas postuladas, debilitando instancias de transparencia, publicidad y control democrático que contribuyen a fortalecer la confianza pública en las instituciones.

Rechazamos especialmente la supresión de criterios que constituyen verdaderas garantías de calidad institucional y legitimidad democrática en los procesos de selección.

La supresión de la paridad de género implica desconocer los avances alcanzados en materia de igualdad real de oportunidades y acceso de las mujeres a los más altos cargos de responsabilidad institucional. Una integración equilibrada de los órganos judiciales no constituye una concesión sino una exigencia derivada de los principios de igualdad y no discriminación consagrados por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Resulta igualmente preocupante la eliminación de la representación de las distintas regiones del país como criterio relevante para la integración del Máximo Tribunal. En una República Federal, la Corte Suprema debe reflejar la diversidad geográfica, social y jurídica de la Nación. La adecuada representación de las distintas regiones no constituye una cuestión meramente simbólica, sino una condición necesaria para fortalecer la legitimidad institucional del Tribunal, enriquecer la deliberación judicial y garantizar que las distintas realidades que conforman nuestro país encuentren adecuada expresión en el máximo órgano de justicia. Ello constituye una exigencia inherente al diseño federal de nuestra Constitución y una garantía de integración efectiva de las provincias en las instituciones nacionales.

Del mismo modo, cuestionamos la exclusión de la perspectiva de género como pauta rectora del procedimiento de selección. La perspectiva de género constituye hoy un estándar jurídico consolidado en el derecho nacional e internacional y una herramienta indispensable para garantizar una justicia más igualitaria, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Su apartamiento supone un retroceso incompatible con los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de igualdad sustantiva y acceso efectivo a la justicia.

Asimismo, la consideración de la pluralidad de trayectorias y especialidades jurídicas contribuye a enriquecer la calidad deliberativa, la solidez de los fundamentos y la legitimidad de las decisiones adoptadas por el Tribunal, por lo que su relegamiento también merece nuestro rechazo.

La integración de la Corte Suprema no puede ser concebida únicamente desde parámetros de idoneidad técnica individual. La legitimidad del Máximo Tribunal Nacional en una sociedad democrática exige también que su composición refleje la diversidad de la comunidad a la que sirve, garantizando una adecuada representación federal, la igualdad de oportunidades y la inclusión de distintas miradas jurídicas y sociales.

Las modificaciones dispuestas implican un preocupante retroceso en materia de igualdad, federalismo y participación ciudadana, en contradicción con los compromisos asumidos por la República Argentina en el plano constitucional y convencional, así como con los estándares internacionales que promueven una justicia más representativa, inclusiva y cercana a la ciudadanía.

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial reafirma su compromiso inclaudicable con la independencia judicial, la transparencia de los procedimientos de designación, la igualdad de género, el fortalecimiento del federalismo y la participación ciudadana como pilares esenciales para la consolidación de un Poder Judicial legítimo, plural y acorde con los valores democráticos que sustentan nuestro Estado de Derecho.

No hay justicia verdaderamente democrática sin participación ciudadana, igualdad de oportunidades y representación federal.

Marcela Ruiz, Presidenta de la FAM

Christian Fabio, Secretario General FAM