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La Junta de Gobierno de la FAM y el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad encabezado por su ministra Elizabeth Gómez Alcorta, analizaron cómo resolver las situaciones de violencia, las respuestas que dan los diversos estamentos del Estado resaltando que “tenemos múltiples intervenciones pero nos cuesta la articulación de los distintos espacios estatales. Para nosotras este diálogo es clave”, expresó Gómez Alcorta, en el marco de la 120° Asamblea Extraordinaria efectuada el pasado viernes 11 de junio.
Las presidentas y presidentes de Colegios y Asociaciones expresaron las diversas dificultades que se presentan en las jurisdicciones, la necesidad de acceder a nuevas herramientas como los dispositivos para masculinidades violentas, la violencia que también sufren mujeres y disidencias en el ejercicio de la función judicial, la problemática de la población migrante y la falta de información interprovincial y federal, la necesidad de más capacitación complementaria a la Ley Micaela, el trabajo en indicadores y predictores de riesgo que coadyuven a evitar femicidios, entre otras problemáticas.
Junto a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, participaron de los encuentros la secretaria de Políticas contra la Violencia por razones de género, Josefina Kelly, y la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky.
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La cartera nacional puso a disposición de los poderes judiciales el Programa Acompañar, como una herramienta más de auxilio a una víctima de violencia. Este programa de asistencia a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país, contempla la transferencia económica equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por seis meses y asistencia psicosocial a personas en situación de riesgo por violencia de género.
“Son importantes estos equipos interdisciplinarios para poder acercar derechos, acompañar a las mujeres, ya que no todas las violencias tienen que terminar en el poder judicial. Ya creamos 25 equipos y están a disposición. La intención es crear 80 en todo el país”, explicó Gómez Alcorta.
Asimismo, la cartera nacional presentó el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, el cual plantea parámetros básicos comunes para la medición del riesgo de la situación en la que se encuentra la persona en situación de violencia por motivos de género, a fin de orientar la intervención estatal con mayor precisión. La propuesta del programa consiste en promover la sistematización de las mediciones de riesgo en casos de violencia por motivos de género para avanzar hacia su predicción y así lograr prevenir las situaciones de violencias extremas.
El Ministerio también presentó un Sistema Integrado de Casos de Violencia por motivos de Género donde se articulan fuentes diversas de información, con unidades de registro diferentes (denuncias, consultas, causas y/o medidas judiciales) provenientes de provincias, municipios, ministerios de seguridad, poderes judiciales, instituciones sanitarias, asistenciales. La ministra y sus colaboradoras invitaron a la FAM a ser parte de este Sistema.
Se trata de una aplicación web en la que se alojará un padrón integrado de consultas y casos que se identifican por el tipo y número de documento y que permiten conocer las características de las violencias contra las mujeres y LGBTI+ y la respuesta del Estado en cada caso. Las dimensiones se estructuran en cuatro bloques con sus correspondientes sub-bloques:
Persona/s en situación de violencia
Datos de la/s personas agresoras
Características de la situación de violencia
Respuesta estatal y recorrido institucional previo
Asistencia y seguimiento
Este sistema pretende mejorar la respuesta del Estado y la eficacia de las políticas públicas frente a las violencias por motivos de género mediante un sistema de gestión de la información que sirva para conocer en profundidad las características de las violencias por motivos de género y determinar el riesgo estableciendo cuáles son los contextos en los cuales es más probable que la violencia se incremente y ponga en riesgo la vida o la integridad física y psicológica de las personas que denuncian o hacen consultas.