Declaración de San Juan - Marzo 2013

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, en Asamblea Ordinaria celebrada los días 7 y 8 de marzo de 2013 en la Ciudad de San Juan, con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

DECLARA:

Es política institucional de FAM seguir trabajando, como lo viene haciendo desde hace muchos años, en propuestas concretas y necesarias que afiancen la garantía constitucional de los ciudadanos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva. Para ello reafirma sus propuestas de mejora del sistema de justicia, de modo de hacerlo accesible a la gente, especialmente de los más vulnerables. Esta Federación ha abrazado el nuevo paradigma del juez, comprometido con los derechos fundamentales y sociales.

Estamos persuadidos de que los actores protagónicos de la reforma judicial deben ser todos los poderes públicos, siendo motor de su impulso el propio Poder Judicial y el Ministerio Público, así como sus integrantes, agentes de cambio comprometidos. Para ello es necesario examinar críticamente el servicio que brinda, detectando las deficiencias y proponiendo las reformas necesarias para la eficiencia del sistema judicial, básicamente en lo que se refiere a la organización y gobierno de la administración de justicia, agilización de procedimientos, incorporación de medios tecnológicos y fundamentalmente revisando los sistemas de designación y remoción de jueces y funcionarios, de modo tal que garanticen su imparcialidad y profesionalidad.

En ese sentido rescatamos las ideas y los proyectos de leyes que plasmamos y que presentamos, tanto a nivel nacional como de las distintas jurisdicciones que integran la Federación, entre ellos, el anteproyecto del “fondo estructural para el desarrollo de la justicia argentina” herramienta fundamental para consolidar la necesaria reforma del Poder Judicial, así como proyectos por instaurar juicio por jurados, mediación obligatoria, juzgados de pequeñas causas, juzgados de paz y defensorías barriales, oficinas de atención al ciudadano, programas de jueces en la escuela, juzgados especiales para violencia de género y violencia doméstica, juzgados de familia departamentales, implementación de policía judicial, oficina para la defensa de los derechos de los pueblos originarios, organismos de capacitación de jueces, funcionarios y empleados, procesos de gestión de calidad y transparencia, etc.

Toda reforma del sistema judicial debe sustentarse en el consenso, el cual debe garantizar, esencialmente, la independencia de los poderes judiciales. El asociacionismo judicial tanto a nivel nacional como latinoamericano (a través de la (FLAM) e incluso internacional (UIM) ha entendido como superlativo el deber que le cabe a los propios magistrados, como actores directos del sistema judicial -tanto en forma individual como de modo asociativo- de honrar su función y trabajar para enaltecerla, de modo tal de fortalecer su imagen ante la opinión pública, bregando por una justicia más efectiva y eficaz, cercana a la gente.

No es posible pensar en la efectiva protección de los derechos humanos, sino se sustenta una justicia independiente, imparcial, capacitada y dotada de todas las herramientas necesarias para cumplir acabadamente con su cometido esencial, esto es garantizar el estado de derecho y el principio de legalidad para preservar la paz social con justicia.

No se puede construir una Nación sólida, democrática y republicana, respetuosa de sus instituciones, si se socava explícita o implícitamente la confianza pública en su Poder Judicial y se tiende un manto de sospecha sobre la integridad y autoridad moral de quienes la integran. Acusar a un Magistrado corresponde cuando hay razones que lo ameritan, pero es de gran gravedad cuando se los acusa sin una razón justificada.

Se debe comprender que la crisis de las instituciones afecta a la sociedad toda.

El debate entre todos los actores del sistema judicial argentino, es necesario y beneficioso, por ello, las puertas de nuestra Institución deben estar abiertas para todos aquéllos que, con honestidad intelectual, se sumen a la tarea de trabajar denodadamente por un servicio de justicia de cara a la sociedad del siglo XXI.