Declaración de Buenos Aires - Diciembre 2012

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, en Asamblea Ordinaria celebrada los días 6 y 7 de diciembre de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos en el Salón Federal de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

DECLARA:

Que esta Junta de Gobierno hace suya la declaración de la Comisión de Independencia Judicial creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto reitera el principio fundacional de la República, sobre la Independencia del Poder Judicial, la cual se encuentra protegida por la Constitución Nacional (art 109 CN), postulado fundamental del Estado de Derecho, para el funcionamiento de la democracia, y que constituye una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Por ello:

1. Se exhorta a las autoridades de las distintas jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se cubran los cargos de tribunales vacantes en tiempo oportuno, mediante el procedimiento adecuado;

2. Se exhorta a los Poderes Ejecutivos de las distintas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y evitar el uso de todo mecanismo de presión sobre los jueces que afecten su independencia;

3. Se exhorta a los demás poderes públicos del estado, a no avanzar en la modificación de normas legales en perjuicio de la independencia y estabilidad de los magistrados.

4 Se exhorta a no utilizar el instituto constitucional excepcional de la intervención federal, como herramienta política, o para satisfacer intereses sectoriales, por lo que resulta por demás preocupante la situación de la provincia de Corrientes.

5 Se exhorta a los medios de comunicación a promover el debate democrático de ideas.

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresa su más enérgico rechazo a todo intento de modificación de leyes que atenten contra el derecho de los ciudadanos a contar con magistrados naturales independientes e imparciales, consagrado en los pactos internacionales que integran la Constitución Nacional. En ese sentido hacen suyo los cuestionamientos del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos y de San Juan sobre los proyectos de ley que tienen tratamiento parlamentario en esas provincias. Uno de ellos pretende el dominio de la representación política por sobre las demás en el Consejo de la Magistratura provincial, alterando el espíritu que exige la Constitución Nacional en cuanto a las garantías de que los jueces serán elegidos por su idoneidad y no por conveniencia o lealtad partidaria y violentando abiertamente la Constitución provincial que exige una composición equilibrada de los estamentos que componen ese órgano. Otro proyecto, referido a la reforma del mecanismo del Jury de Enjuiciamiento, propone apartar preventivamente a cualquier juez denunciado en causas que se califiquen como graves, por simple denuncia, posibilitando la manipulación del originariamente competente, lo cual vulnera el principio del juez natural, consagrado en la Carta Magna.

En San Juan se pretende que el Fiscal de Estado o cualquier particular, además de denunciar pueda impulsar la acusación aun cuando el Fiscal General de la Corte no acusare, con lo cual se altera el debido proceso que debe tener todo jury de enjuiciamiento, al introducir a un sujeto que no es imparcial como co-acusador.

Se apoya enfáticamente el proyecto de ley de la Provincia de La Pampa, por el cual se incluye como posibles sustitutos a los magistrados y funcionarios en actividad y a los abogados empleados del Poder Judicial, respetando el principio de igualdad de todos los postulantes.

Como ya se sostuvo en anteriores declaraciones, los sistemas judiciales del interior del país tienen jueces con la misma capacitación y se encargan de asuntos de similar importancia, por lo que no se justifica de modo alguno que se los retribuya con compensaciones inferiores, lo cual implica una grave inequidad. Se formula, entonces, un expreso requerimiento a los poderes políticos provinciales para que dicten las normas necesarias a fin de que se propenda a la fijación de políticas de autarquía efectiva y sustentable, de modo tal que permitan que los aumentos salariales que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ejecuten en las jurisdicciones provinciales en idénticas condiciones de vigencia, naturaleza y porcentaje y de manera instantánea, sin necesidad del dictado de la norma local pertinente, en cada oportunidad que ello aconteciere. Particularmente, se exhorta a los Poderes Políticos de las Provincias de Chaco, Santiago del Estero, Santa Cruz, Neuquén y La Pampa.

En Santa Fe se mantiene la situación de pago con atraso de haberes de Magistrados y Funcionarios que se prolongó a lo largo del año 2012, por lo que se exhorta al gobierno provincial a regularizar las fechas de pago.

Esta Federación se pronuncia, nuevamente, por la necesidad de la equiparación de las remuneraciones de los funcionarios del Ministerio Público y de la Defensa, con las retribuciones de los magistrados de la misma instancia en la cual aquellos cumplen su función, habida cuenta que la decisión judicial es una construcción colectiva, en la cual concurren todos los participantes del proceso, asumiendo cada uno la responsabilidad que en esa función conjunta les compete, por lo que se exhorta al Superior Tribunal de la Provincia de Neuquén y a la Legislatura de la Provincia de Jujuy en ese sentido.