Declaración de Buenos Aires - Abril 2012

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, en Asamblea Ordinaria celebrada los días 12 y 13 de abril de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos en el Salón Federal de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

DECLARA:


Que F.A.M. reitera la necesidad de que se respete el principio constitucional de igual retribución por igual tarea, bregando por la equiparación de las retribuciones de los magistrados y funcionarios provinciales con las de los jueces nacionales.

Los sistemas judiciales del interior del país tienen jueces con la misma capacitación y se encargan de asuntos de similar importancia, por lo que no se justifica de modo alguno que se los retribuya con compensaciones inferiores, lo cual implica una grave inequidad.

Se formula, entonces, un expreso requerimiento a los poderes políticos provinciales para que dicten las normas necesarias a fin de que se propenda a la fijación de políticas de autarquía efectiva y sustentable, de modo tal que permitan que los aumentos salariales que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ejecuten en las jurisdicciones provinciales en idénticas condiciones de vigencia, naturaleza y porcentaje y de manera instantánea, sin necesidad del dictado de la norma local pertinente, en cada oportunidad que ello aconteciere.

Particularmente, se exhorta a los Poderes Políticos de la Provincia de Córdoba para la inmediata aplicación de la ley 9725 que dispuso la equiparación al 90% de las remuneraciones de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Federal.

Se ve con preocupación el atraso remunerativo que se presenta en los poderes judiciales de muchas provincias, como Santiago del Estero, Misiones, La Rioja y Catamarca con relación tanto a otros poderes judiciales provinciales, con respecto de la Justicia Nacional.

Por ello, se insiste en que todas las jurisdicciones del país tengan en cuenta, como referente mínimo y señero de los próximos incrementos salariales, el que en esa materia establezca la Corte Suprema de Justicia para el Poder Judicial de la Nación, de modo de lograr un sistema estable que acorte progresivamente la brecha actual entre las escalas de las remuneraciones de las distintas provincias.

Esta Federación se pronuncia, nuevamente, por la necesidad de la equiparación de las remuneraciones de los funcionarios del Ministerio Público y de la Defensa, con las retribuciones de los magistrados de la misma instancia en la cual aquellos cumplen su función, habida cuenta que la decisión judicial es una construcción colectiva, en la cual concurren todos los participantes del proceso, asumiendo cada uno la responsabilidad que en esa función conjunta les compete.

Atento a la discriminación existente entre Magistrados y Funcionarios pertenecientes al Ministerio Público, en cuanto a las licencias por ejercicio de la representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios, se solicita al Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro recomiende a la Procuración General la incorporación al reglamento judicial del Ministerio Público, un texto igual al artículo 98, inc. D, del reglamento judicial del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro. Para los casos de las provincias que no tengan previsto un régimen de licencias para representantes de las Asociaciones de Magistrados por cuestiones de tipo institucional, la FAM solicita a los Tribunales Superiores de Justicia de dichas provincias el dictado de las normativas necesarias para habilitar el otorgamiento de licencias de ésa naturaleza.

Que se expresa la preocupación ante la indebida injerencia del Poder ejecutivo Provincial de Santa Cruz, quien a través de diferentes medidas adoptadas ha violado el principio republicano de división de poderes e invadido facultades propias del Poder Judicial. Estas medidas se vieron reflejadas en el recorte intempestivo, arbitrario e ilegítimo de la segunda cuota del SAC 2011, y la pretensión de imponer topes a la percepción de las remuneraciones de los funcionarios y magistrados, lo que afectaría el principio de intangibilidad de las mismas. Preocupa, asimismo, la decisión de reformar de manera inminente el actual sistema previsional provincial, que de concretarse en los términos inicialmente planteados generaría una grave desigualdad con el sistema de jubilación nacional establecido en la ley 24.018.

Se insta al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz a arbitrar los medios necesarios a fin de cubrir los cargos actualmente vacantes dentro del Poder Judicial, como también a que se abone las diferencias salariales adeudadas hasta la fecha.

Con relación a los funcionarios judiciales, se entiende que entre las garantías esenciales del sistema judicial está el reconocimiento de la posibilidad del ascenso con sustento en el mérito. Por ende, se solicita a las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia que arbitren los medios que permitan que todos aquellos funcionarios que se encontraren en estado de ascender, sean oídos y se reconozca su experiencia, sin perjuicio de exigírseles los demás recaudos necesarios para acceder al cargo en cuestión.

Debido a la situación política ocurrida en Mendoza con motivo de la ley provincial de adhesión a la Ley Nacional de Discapacidad y posterior demanda entablada por un grupo de magistrados que luego fueron denunciados para el inicio de un Jury de Enjuiciamiento, esta Federación entiende que se encuentra fuera de toda discusión en el Estado Constitucional de Derecho, que toda persona tiene pleno derecho a recurrir ante un tribunal competente, independiente e imparcial para ser oído y que se determinen sus derechos y obligaciones sea en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, según lo que expresamente establecen el art. 8.1. de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y el art. 14. 1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ambos con jerarquía constitucional. Resulta no solo inconstitucional e inadmisible la pretensión de iniciar un Jury de Enjuiciamiento, sino que constituye una acción indirecta de presión que afecta la independencia de los jueces y del poder judicial. Actos de esta clase constituyen un desconocimiento del sistema democrático.

La FAM vuelve a exhortar a las autoridades de la Provincia de Neuquén para que enmiende la Constitución local y reforma la ley del Consejo de la Magistratura, a fin de incorporar a magistrados y funcionarios a dicho organismo y elimine la facultad otorgada al mismo para evaluar en forma periódica a los magistrados y funcionarios, por cuanto no se garantiza de esa manera el equilibrio que debe existir entre los distintos actores del quehacer judicial, ni se respeta la garantía de inamovilidad establecida en la Constitución Nacional en defensa de la ciudadanía, que en definitiva hace posible la independencia del Poder Judicial.

Asimismo, se rechazan los términos en que el Presidente del Consejo de la Magistratura y vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Dr. Oscar Massei, se refirió a un supuesto desconocimiento por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, pues tal enmienda constitucional fue solicitada por la Asociación referida.

Que se expresa la preocupación por el pago en mora de los haberes de Magistrados y Funcionarios que se registra desde el mes de enero de 2012 en la Provincia de Santa Fe, solicitando al gobierno provincial la pronta normalización de la fecha de pago, como así también se revalorice el diálogo con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, por resultar una herramienta fundamental en aras de un mejor servicio judiciario.

Que con relación a la Provincia de Tucumán, la FAM apoya las exigencias de un mejor rendimiento en orden al servicio de justicia a través de la realización de controles, pero sin que su implementación importe –en modo absoluto- el avasallamiento o afectación de la independencia de los jueces y funcionarios constitucionales, resguardando dichos principios.