Declaración de Buenos Aires - Diciembre 2010

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en asamblea extraordinaria celebrada los días 9 y 10 de diciembre de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos en el Salón Federal de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

 

DECLARA:


Esta Federación ve con beneplácito la creación de la Escuela Iberoamericana de la Magistratura en el ámbito de la Red Latinoamericana de Jueces y apoya explícitamente toda actividad académica y de intercambio de experiencias entre los jueces y funcionarios de los distintos países que la integran como una herramienta más para su perfeccionamiento y formación de excelencia  en aras del afianzamiento de la carrera judicial.  En este mismo sentido aprueba y otorga mandato a la conducción de la Federación para impulsar la creación de una Escuela Judicial del Mercosur, integrando activamente la misma.


La selección de jueces y funcionarios judiciales por idoneidad a través de procedimientos públicos y transparentes, es un postulado esencial para el ejercicio de la jurisdicción de modo tal que garantice la tutela judicial efectiva y la prestación del servicio de justicia independiente. La Declaración de Campeche propugna, como una de las condiciones mínimas para la protección de la independencia e imparcialidad de jueces, la instauración de la carrera judicial. Consecuentemente la FAM exhorta a que ésta sea respetada irrestrictamente tanto en los sistemas de selección de magistrados y funcionarios, como en la integración misma de los respectivos Consejos de la Magistratura, evaluando los antecedentes de los postulantes, su  experiencia,  antigüedad, idoneidad y mérito.

La Declaración de Campeche establece también -entre las referidas condiciones mínimas para la protección de la independencia de los Poderes Judiciales- el derecho de jueces y funcionarios a un régimen previsional  que se corresponda con su nivel de responsabilidad, debiendo mantener razonable relación con los haberes correspondientes al cargo en actividad. Esta Federación advierte con preocupación que ni la Provincia de Catamarca ni la Provincia de San Luís –no obstante que sus cajas previsionales fueron transferidas a la Nación- han logrado hasta la fecha que sus jueces y funcionarios sean incorporados al régimen de la ley 24.018, lo que es discriminatorio, en tanto y en cuanto coloca a aquellos magistrados y funcionarios provinciales en una situación de manifiesta desigualdad con relación a sus pares nacionales, así como con los que pertenecen a provincias que suscribieron con el Estado Nacional los respectivos convenios ampliatorios de transferencia. Por ello esta Federación exhorta a las autoridades nacionales y/o provinciales a regularizar la situación previsional de los Poderes Judiciales de las referidas provincias, suscribiendo actas convenios en igual sentido que las ya refrendadas con las provincias de Tucumán, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Salta, Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como hacer operativo dichos convenios, a la brevedad, en todas las jurisdicciones.

Se debe garantizar que el juez reciba una remuneración que permita el ejercicio de la función, en exclusiva, libre de condicionamientos, por ello la Junta de Gobierno ve con suma preocupación la situación salarial de la Provincia de Jujuy, cuestión que no es nueva. A lo largo  de estos últimos cinco años fuimos viendo cual espectadores perplejos como se fueron deteriorando las remuneraciones de los jueces y funcionarios de esa Provincia, en manifiesta violación del principio constitucional local que garantiza sus compensaciones de una manera adecuada a las de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, postulado que no sólo no se cumple sino que es absolutamente ignorado por los poderes públicos provinciales. Se hace caso omiso a los reclamos que en tal sentido viene haciendo el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Jujuy, así como de las reiteradas declaraciones de esta Federación. Por todo ello reclamamos una inmediata implementación de una adecuada política salarial para el Poder Judicial de esa Provincia.


Asimismo advierte esta Federación que se mantienen marcadas asimetrías y retrasos en las remuneraciones de los magistrados y funcionarios de algunas jurisdicciones, como Santiago del Estero, Corrientes, Catamarca, La Rioja y Chubut.

Entre las garantías del juez universal, se reconoce plenamente su derecho de asociación profesional para asegurar la defensa de sus intereses. El asociacionismo judicial en nuestro país ha dado muestras acabadas de su incansable labor en defensa de todos los principios esenciales que hacen a la independencia del Poder Judicial, así como de bregar por la optimización en la prestación del servicio de justicia. De allí la imperiosa necesidad de solicitar a las distintas Cortes y Superiores Tribunales  de las provincias que así no lo tuvieran previsto, la implementación de un sistema de licencias que permita a las autoridades de cada uno de los colegios o asociaciones que integran esta Federación, cumplir con sus funciones representativas y con toda labor de capacitación que implique el cumplimiento de la referida actividad asociativa.  


Debatida la problemática del secretariado judicial y del ministerio público puesta a consideración de esta Asamblea, la Junta de Gobierno recomienda a cada uno de los Colegios y Asociaciones confederados la generación de espacios de discusión que permitan consolidar, afianzar y definir las políticas judiciales y de gestión respecto de este estamento de la función judicial. En tal sentido se aprueba la creación de un foro virtual en la página web cuyo reglamento de funcionamiento deberá ser previamente instrumentado a través de la Secretaría de Políticas Judiciales y el Instituto de Estudios Judiciales.

 

Abel Fleming. Presidente