Declaración de Buenos Aires - Agosto 2010

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en asamblea extraordinaria celebrada los días 5 y 6 de agosto de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos en el Salón Federal de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

DECLARA:

Como reiteradamente se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el contenido de las decisiones judiciales no puede dar lugar a la remoción de los magistrados, salvo que incurran delito o grave irregularidad. Consecuentemente esta Federación repudia la declaración de la Legislatura de Jujuy por la cual solicita se forme jury de enjuiciamientoen contra de los integrantes del Tribunal Contencioso Administrativo de esa Provincia por lo resuelto en una sentencia que a la fecha no se encuentra firme y ejecutoriada, y por lo tanto sujeta a la resolución del Superior Tribunal de Justicia. Es nuestra obligación advertir que cualquier presión que pudiere vulnerar la imparcialidad con que deben expedirse los jueces al resolver los casos sometidos a su consideración, implica una coacción a la independencia de uno de los Poderes del Estado, con la gravedad institucional que ello trae aparejada, además del daño colateral de generar incertidumbre en la sociedad toda. Cualquier actuación fuera de las vías legales previstas al efecto agravia el sistema democrático, los principios liminares que sustentan la independencia del poder Judicial, la imparcialidad y el respeto a las instituciones. Por todo ello instamos a preservar el sistema democrático de división de poderes y a respetar irrestrictamente la independencia del Poder Judicial.

 Por las razones invocadas la FAM adhiere a la declaración que por similares motivos ha pronunciado el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro –que ha hecho propia el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires- de modo tal que ante las decisiones que resulten adversas a la pretensión de las partes, se utilicen los remedios procesales que en cada caso correspondan y que no se desnaturalice la institución del juicio político.

La Federación Argentina de la Magistratura avala en forma decidida las gestiones del Colegio de Magistrados y Funcionaros de la Provincia de Formosa y de todos y cada uno de los integrantes de su Comisión Directiva a los fines de la concreción de una sede adecuada para el cumplimiento de los fines estatutarios de dicha asociación. Es que la FAM no ve en absoluto que los apoyos de los distintos poderes del Estado para un emprendimiento de tanta importancia para el asociacionismo judicial traiga aparejada violación a la ley ni merezca condena o reparo alguno, en la medida que los colegios apuntan, conforme sus fines: al bien común, la capacitación, el perfeccionamiento profesional de los jueces y funcionarios, mejoramiento de las leyes y del servicio de justicia. Y es que este tipo de asociaciones civiles sin fines de lucro, -por los propósitos que persiguen-, no se explican por el interés particular de sus miembros, sino que resultan indispensables para el estado de derecho, el desarrollo de la democracia y el perfeccionamiento de la sociedad civil.

 Esta Federación considera arbitrario el recorte del presupuesto proyectado por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén, por lo que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa Provincia a respetar la autarquía del Poder Judicial establecida por ley, evitando lesionar su independencia, base del funcionamiento de un estado republicano.

La FAM apoya la petición formulada por la Asociación del Chaco en materia de legislación del pago de subrogancias y entiende que es necesario que las distintas jurisdicciones provinciales del país dicten los instrumentos legales correspondientes a tales fines. En tal sentido sería propicio seguir los lineamientos que tiene establecidos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme los cuales se reconoce el pago de las referidas subrogancias, a partir del quinto día de ejercerlas. Esta opinión se sustenta en que los jueces y funcionarios subrogantes cumplen igual función institucional de trascendencia que los titulares, estando sujetos a iguales obligaciones y control de responsabilidad a través del juicio político o jurado de enjuiciamiento.

 Preocupa a esta Federación que el gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Caja de Jubilaciones, afecte indebidamente el patrimonio de los jubilados al no abonar las sumas que por derecho y mandato constitucional corresponden, haciendo soportar el peso de la emergencia previsional sólo al 5% del total de los beneficiarios.

 Advierte esta Federación que se mantienen marcadas asimetrías y retrasos en las remuneraciones de los magistrados y funcionarios de algunas jurisdicciones, como Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, San Luís y La Rioja, denunciados en anteriores Declaraciones de FAM; así como la progresiva violación del principio de intangibilidad en muchas provincias.

Abel Fleming. Presidente