Declaración de San Carlos de Bariloche - Abril 2010

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en asamblea ordinaria celebrada los días 8 y 9 de abril de 2010 en la Ciudad de San Calos de Bariloche, provincia de Río Negro, con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan,  Santa Cruz, Santa Fe,  Tierra del Fuego, Tucumán y  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

DECLARA:


Preocupa a La Federación Argentina de la Magistratura el deterioro que trae aparejado a las instituciones las tensiones entre el Poder Político y el Poder Judicial. Las críticas generalizadas a la judicatura expuestas-en los primeros meses de este año- desde la más Alta Magistratura del País, nos lleva a profundizar las políticas institucionales de esta Federación, a manifestarnos públicamente frente a estos hechos en defensa de la independencia del Poder Judicial, así como a implementar sostenida y proactivamente políticas comunicacionales tendientes a concientizar a los ciudadanos sobre la importancia del resguardo de ese principio esencial al sistema republicano de gobierno y al ejercicio de una democracia seria y madura.


Respecto de las particularidades de cada Jurisdicción, la Junta de gobierno de la FAM rechaza enérgicamente el dictado del reglamento de evaluaciones periódicas por parte del consejo de la Magistratura de Neuquén por ser el mismo violatorio del principio de inamovilidad de magistrados consagrado por la Constitución Nacional, lamentando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya  perdido la oportunidad de resolver la inconstitucionalidad de este tipo de mecanismos de control de los poderes políticos sobre la actividad de magistrados y funcionarios que afectan la independencia de éstos. Acompaña a la Asociación de aquella provincia en su acción de inconstitucionalidad impetrada ante el Tribunal Superior de Justicia. Los jueces no nos oponemos a las evaluaciones a las que constantemente estamos sometidos en el propio cumplimiento de la función, pero es nuestra obligación oponernos a todo control por parte de organismos políticos, o cuya integración tiene un predominio del poder político. Es que, so pretexto de evaluaciones periódicas se pretende lesionar la independencia funcional de un Poder del Estado. Todo control funcional ajeno al de los propios órganos y procedimientos judiciales es inconstitucional e implica una intromisión de los poderes políticos en el Poder Judicial. La Constitución Nacional ya dispone un sistema riguroso para asegurar la idoneidad del juez, a la vez que preserva su independencia, con la consagración del respeto irrestricto de su inamovilidad.

Preocupa sobremanera a la FAM el hecho de que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tucumán propicie la creación de oficinas que, aunque perteneciendo al propio Poder Judicial, tengan como objetivo el de asesorar al juez, como paso previo al dictado de la sentencia. Este hecho, además de implicar una dilación innecesaria del proceso, puede traer aparejada una influencia indebida en la decisión jurisdiccional. Es el juez quien, cuando así lo considere necesario en aras de averiguar la verdad real, puede requerir los informes técnicos que sean necesarios en cada causa en particular, sin perjuicio de admitir la presentación de organismos o personas especializadas en determinados temas, a través de la figura del amicus curiae.


Atento lo informado por el representante de Tierra del Fuego, en orden al conflicto institucional que se presenta en dicha provincia, con motivo de la sanción de la ley general de presupuesto para el año 2010 (ley nº 805) en lo atinente al Poder Judicial, y atendiendo a la preservación de la independencia funcional de los magistrados y funcionarios de la justicia local, la FAM considera apropiado hacer saber a los poderes del Estado de tal jurisdicción su preocupación respecto de la problemática puesta en conocimiento.


El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes ve como auspicioso el hecho que el Poder Ejecutivo de esa Jurisdicción se haya comprometido públicamente a respetar el proyecto de presupuesto para la Justicia, aspirando a que el Poder Legislativo haga lo mismo.


Advierte esta Federación que se mantienen las asimetrías y retrasos en las retribuciones de los magistrados y funcionarios de algunas jurisdicciones, denunciados en las anteriores Declaraciones de FAM, como Jujuy, Corrientes, Chaco, La Rioja, Misiones, Río Negro. Las diferencias en las remuneraciones de los jueces de las distintas jurisdicciones entre sí, así como los sueldos de éstos con relación a la Justicia Nacional, afecta los postulados constitucionales estatuidos para garantizar la debida prestación del servicio de justicia en toda la Nación, además de ser inconciliable con el principio constitucional de igualdad.