Declaración de Buenos Aires - Marzo 2009

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en Asamblea Extraordinaria celebrada los días 12 y 13 de marzo de 2009 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos en el Salón Federal de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;


DECLARA:


Preocupa seriamente el incremento sostenido de casos sometidos a decisión de los jueces, de los que un importante porcentaje se integra con denuncias por delitos que rondan la cifra de millón y medio por año, impactando en una“falta de seguridad” del ciudadano, reiteradamente evidenciada por los medios de comunicación, en la cobertura de los casos mas resonantes.
No obstante la gravedad y complejidad del problema, -cuyas respuestas deben ser construidas con los aportes y acciones articuladas por los tres poderes del Estado-, lamentablemente desde altas posiciones en los poderes políticos, se imputa al Poder Judicial la responsabilidad por la inseguridad, demandando un control del crimen a través de la expansión de los encarcelamientos preventivos, anticipados a la comprobación del hecho y la responsabilidad por sentencia.
Necesitamos políticas de prevención integrales y efectivas, que no se limiten a estrategias de control policial, sino que avancen en el fortalecimiento de la cultura de la ley, con participación y compromiso popular. También necesitamos que la justicia gane en celeridad y eficacia, dirigiendo su acción prioritaria en materia penal, al juzgamiento de los casos de corrupción pública y a aquellos hechos graves, de gran impacto social.
Para ello también necesitamos del concurso de los tres poderes del Estado, tanto en el nivel nacional como en el provincial. FAM ha venido trabajando y elaborando proyectos sustanciales tendientes a lograr la optimización de la prestación de servicios a lo ancho y a lo largo del país. En tal sentido ha presentado su anteproyecto de FONDO ESTRUCTURAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUSTICIA ARGENTINA, como un mecanismo superador de las desigualdades existentes entre las distintas jurisdicciones. Impulsamos proyectos de expansión y mejoramiento de las soluciones alternativas, como la mediación y conciliación, un sistema de justicia simplificada y de proximidad para los pequeños asuntos.
Creemos que aquéllas y otras resultarían herramientas importantes que permitirían consolidar la independencia del Poder Judicial, y coadyuvar a su eficiencia y eficacia, por lo que esta Junta de Gobierno insta una vez más a los poderes públicos a aunar los esfuerzos en tal sentido, y construir así la paz social, consolidando las instituciones republicanas.
En lo que hace a las particularidades de las distintas jurisdicciones se advierte que –en la Provincia de Corrientes- existe gran cantidad de vacantes sin cubrir, así como que expedientes por juicios políticos anteriores al nuevo régimen constitucional de 2007, continúan reservados en la Secretaría de la Cámara de Diputados.
Entre Ríos informa sobre el problema suscitado en la designación de Magistrados y Funcionarios por parte del Senado Provincial que ha adoptado el criterio de no tratar los pliegos que le son remitidos por el Poder Ejecutivo para su
aprobación, debido a planteos y resoluciones judiciales puntuales, lo que causa alarma a esta Federación, por lo que insta a dicho Poder Provincial a actuar conforme las mandas constituciones que le exigen su intervención en la conformación del Poder Judicial.
En la Provincia de La Pampa, llama la atención la descalificación pública de magistrados sujetos a investigación sumarial con antelación a que se dicte resolución al respecto. En ese orden preocupa a esta Junta de Gobierno la indebida y anónima información a los medios de prensa de noticias parciales y/o inexactas relacionadas con las medidas de auditoría dispuestas por el Superior Tribunal de Justicia a los organismos jurisdiccionales,  en cumplimiento del deber legal de Superintendencia, más aún cuando dichos trascendidos apócrifos, se vuelcan antes de que  la referida tarea de auditoría, concluya y sin dar participación alguna al magistrado o funcionario afectado, infidencias que constituyen falta grave, así catalogada por la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha provincia. (art. 8°).
En la Provincia de Buenos Aires, las adecuaciones de las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público se han llevado a cabo en forma muy inferior a la de los otros sectores del propio Poder Judicial como de los demás Poderes del Estado, durante los últimos siete años, a tal punto que se encuentran a la mitad porcentual de los ingresos de aquellos sectores.
Esta situación genera una discriminación negativa, que se traduce en un retraso remunerativo destacado por la Suprema Corte de la Provincia en el mensaje de elevación del proyecto presupuestario del corriente año, lo cual reclama la aplicación de los postulados emergentes del fallo de la Corte Suprema de la Nación en el caso Chiara Díaz, toda vez que existe una erosión del 45% en las proporciones actuales de los ingresos de jueces y funcionarios respecto de las que existían tradicionalmente con las escalas superiores y del 20% al 40% de los haberes del Poder Judicial Nacional.
Advierte esta Federación que se mantiene la gran cantidad de vacantes que existen en el Poder Judicial de la Provincia de Tucumán, ya denunciadas en anteriores oportunidades, por lo que insta a los poderes políticos a arbitrar los medios adecuados para una pronta cobertura de esos cargos, y garantizar -de ese modo- el debido servicio de justicia.
También se observa que se mantienen las asimetrías y retrasos en las remuneraciones de los magistrados y funcionarios de algunas jurisdicciones, denunciados en la anterior Declaración de FAM, como Jujuy, Tucumán, Corrientes, entre otras, lo que vulnera los principios constitucionales de que garantizan la debida prestación del servicio de justicia.