Declaración de Buenos Aires - Agosto 2008

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en asamblea extraordinaria celebrada los días 14 y 15 de agosto de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos en el Salón Federal de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;


DECLARA:

Preocupa a la Federación Argentina de la Magistratura, la reiterada injerencia -en el ámbito propio de los poderes judiciales- de los poderes políticos de algunas provincias, a través de presiones mediáticas, desacreditación de los jueces y funcionarios judiciales por vías espurias y de hecho, precarización en los sistemas de designación o destitución, todo lo cual, lejos de fortalecer el sistema republicano de gobierno, debilita las instituciones y violenta el principio de independencia del Poder Judicial.


En ese sentido vemos con inquietud la poca o casi nula variación de la situación planteada -el pasado mes de abril- por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chubut, respecto de las relaciones interinstitucionales entre el Poder Judicial con los otros dos poderes del estado El tratamiento liviano y soez de funcionarios del Poder Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo -al abordar desde los medios de comunicación masiva problemas tan complejos como los de seguridad y trámites de causas penales- merece un enérgico rechazo, al igual que los "escraches" y denuncias a magistrados y funcionarios con fines intimidatorios. Ejemplo de ello es la sustanciación de un proceso político de destitución del procurador General de dicho Estado Provincial- al soslayo de los canales ordinarios y reglamentados para el ejercicio de dicho control.


En la Provincia de Corrientes, la reforma del año 2007 estableció con rango constitucional el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pero este importante paso en el camino hacia una mayor transparencia en la designación y remoción de jueces y funcionarios judiciales, no se consolida en la medida que todavía no se ha conformado el Jurado de Enjuiciamiento, por falta de designación de los representantes del estamento político. Esta demora debilita el sistema de enjuiciamiento de jueces y funcionarios, lo que se ve agravado por la gran difusión pública que ha cobrado la lista de denuncias contra magistrados, que no han sido tratadas por la Cámara de Diputados desde el año 2003. Por ello la FAM exhorta al Poder Legislativo de esa Provincia a hacer operativa el art. 198 inc. 5 de la Constitución Provincial, sin perjuicio de respetar el principio de celeridad, la garantía constitucional de la defensa en juicio e imparcialidad en el trámite de los juicios políticos, en los trámites en que la Cámara de Diputados mantiene su competencia.

Impuesta la Junta de Gobierno de FAM lo acontecido en los procedimientos de selección de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Neuquén, encomienda a su Presidencia a denunciar lo acontecido, en el sentido que se ha discriminado negativamente a magistrados integrantes de la Comisión Directiva del Colegio de esa Provincia y a otros de dilatada trayectoria judicial, calificándolos con cero (0) puntos en la etapa de la entrevista personal, desmereciendo de ese modo el resultado final del puntaje al que legítimamente podían aspirar en las pruebas de oposición, por formación, experiencia y competencia. Esta situación no puede dejar de relacionarse con la acción judicial que tiene intentada el Colegio del Neuquén y esta Federación ante la Corte Suprema de la Nación para la declaración de inconstitucionalidad del art.251, numeral 3 de la Constitución Provincial, que regula aspectos vinculadas a las atribuciones del Consejo de la Magistratura de esa Provincia.

La FAM reitera su convicción que un auténtico sistema democrático exige un Poder Judicial independiente legitimado ante la sociedad por sistemas transparentes y justos de designación y remoción de sus integrantes.


Con relación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se advierte que la reciente sanción de la ley 26.371 colisiona con el artículo 129 CN y concordantes, que integran a esa ciudad al sistema federal argentino con plena autonomía. La citada norma constitucional, clara e incondicionalmente, le atribuye facultades de legislación y jurisdicción, a los efectos de hacer posible su conversión institucional en nuevo Estado integrante de la Federación, bajo la forma republicana y representativa. La ley 26.371 es violatoria de la Constitución Nacional en la medida que invade la esfera de reserva legislativa del estado local para organizar su poder judicial, al crear una "Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal", ya que no sólo contraviene el citado artículo de la Constitución Nacional, sino que tampoco encuentra respaldo en la ley 24.588. Cualquier creación de jurisdicción local o de organismos es una atribución que se encuentra vedada al Congreso de la Nación.


Por ello la FAM se expide por que se concluya rápidamente el proceso de transferencia de toda la competencia penal ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se impulse un proyecto de ley para derogar parcialmente la ley 26.371 en aquellos supuestos en que invade las atribuciones propias del estado local.

También se advierte que se mantiene la asimetría y retraso en las remuneraciones de los magistrados y funcionarios de algunas jurisdicciones, denunciados en la anterior Declaración de FAM, como Jujuy, así como el importante desfasaje salarial existente entre los funcionarios judiciales de la provincia del Chubut con el resto de la región patagónica, situación que se traduce como incomprensible teniendo en cuenta la adecuación salarial de otros sectores estatales de dicho estado provincial y los razonables reclamos del Poder Judicial. En cambio Santiago del Estero, se encuentra encaminada a mejorar sustancialmente su situación salarial con un incremento de haberes ya otorgado y las avanzadas gestiones para incluir una bonificación adicional por bloqueo de títulos. Por todo esto esta Asamblea insiste en exhortar a esas jurisdicciones a adoptar la impostergable decisión de respetar el principio de intangibilidad adecuando los parámetros provinciales a la realidad nacional.


Fernando Lodeiro
Secretario

Federación Argentina de la Magistratura

Abel Fleming
Presidente

Federación Argentina de la Magistratura