Declaración de Buenos Aires - Abril 2008

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en asamblea extraordinaria celebrada los días 3 y 4 de abril de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos en el Salón Federal de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

DECLARA:


La Federación Argentina de la Magistratura, reitera el postulado que viene sostenido, en cuanto a que el principio de independencia de cada uno de los poderes judiciales locales, requiere la autarquía presupuestaria plena, con el fin de asegurar igual servicio de justicia para todos los habitantes de la Nación. Para ello se insta a los poderes de los estados provinciales a bregar por destrabar los escollos atinentes a la administración de las partidas presupuestarias pertinentes. La asignación y reparto de las finanzas para el Poder Judicial es una responsabilidad compartida de los tres poderes, quienes deben involucrarse en la implementación de políticas coherentes en todos sus ámbitos (edificios, desarrollo tecnológico e informático, sueldos de personal administrativo, etc.)

También corresponde -en resguardo de esa independencia- reiterar que la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados exige que en la determinación de las compensaciones de sus jueces y funcionarios se tenga en cuenta la jerarquía que el ejercicio de la función jurisdiccional lleva implícita, la dedicación exclusiva, la responsabilidad funcional, así como el desfasaje económico que la desvalorización del poder adquisitivo del dinero produce en dichas retribuciones. El logro de aquélla independencia es impensable si no existe para los magistrados y funcionarios encargados de impartir justicia, una retribución justa.
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) -sin perjuicio de sostener la medida judicial planteada ante la C.S.J.N. junto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Neuquén, por los vicios constitucionales del Consejo de la Magistratura de esa Provincia- observa con beneplácito la acogida positiva que ha tenido en la Legislatura Provincial el proyecto de enmienda constitucional y ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura, enviado por la citada Asociación, acompañamos ese proyecto y exhortamos a que se lo trate y se le de curso favorable, dentro de los plazos más breves que amerita la importancia institucional de la cuestión planteada.

En lo que hace a la problemática que se presenta en algunos estados, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Chubut hace notar su preocupación por la desmedida injerencia del Poder Ejecutivo de esa jurisdicción en el ámbito propio del Poder Judicial, más precisamente en el fuero de Justicia Penal, a través de las constantes críticas a la labor de jueces penales, como así también de los representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de la Defensa Pública, de las que se hacen eco los medios masivos de comunicación locales. Sin menoscabar el derecho constitucional de emitir opiniones a través de la prensa, y en particular, la facultad del Poder Ejecutivo local de apreciar la actividad de los otros poderes, esta Federación resiste enfáticamente todo embate político o intencionalidad propagandística en la valoración de la labor judicial, sin apego alguno a preceptos constitucionales y supra constitucionales. Más enérgico es aún el rechazo cuando a raíz de estas 'opiniones' y 'críticas' se pretende coaccionar a jueces y funcionarios con denuncias ante el Consejo de la Magistratura para lograr la -previamente anunciada- destitución del funcionario que fuere,
Con relación a la situación particular de Entre Ríos, preocupa el hecho que la Cámara de Senadores de esa Provincia rechazara - en forma infundada e inmotivada- el pliego del doctor Julio Omar Albornoz, postulante a Juez de Instrucción de la Ciudad de Diamante, seleccionado por el Consejo de la Magistratura y remitido por el Poder Ejecutivo de aquella provincia. Al no brindarse una explicación válida, el procedimiento puede interpretarse como un ataque a la independencia del Poder Judicial de aquella Jurisdicción, toda vez que aparece como una advertencia para quienes tienen o pudieran tener que resolver causas con alguna vinculación con el poder político.

En razón que en Río Negro se dio un fuerte cuestionamiento mediático a un juez, por haber promovido un amparo judicial en defensa de lo que considera sus derechos, la FAM ve necesario recordar que las garantías establecidas por los arts. 18 y ccs. de la Constitución Nacional, son para todos los ciudadanos. Los jueces y funcionarios judiciales no pueden ser discriminados por su función.

Se observa una total asimetría en las remuneraciones de los magistrados y funcionarios de las distintas jurisdicciones, con notables retrasos en algunas de ellas, como Jujuy, Formosa, Tucumán y Santiago del Estero, por lo que esta Asamblea se pronuncia una vez más por el respeto irrestricto de la garantía que consagra el art. 110 de la Constitución Nacional, principio que no puede ser desconocido en los ámbitos provinciales. Los jueces locales son, como los nacionales y federales, jueces de la Constitución, cumplen idéntico ministerio y se hallan sujetos a parejas responsabilidades y deberes. En lo que hace a la regionalización Patagónica se advierte que la Provincia de Chubut se ubica en el último lugar, muy por debajo del promedio remunerativo.

En igual sentido se insta al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a considerar los reclamos del Colegio local, por una aplicación racional del presupuesto del Poder Judicial y de dar respuesta satisfactoria a la solicitud de recomposición salarial de magistrados y funcionarios, cuanto menos, con idéntica receptividad a la demostrada respecto de las peticiones de otros sectores de la Justicia.
 








Fernando Lodeiro

Secretario General
Federación Argentina
de la Magistratura


Abel Fleming
Presidente

Federación Argentina
de la Magistratura