Declaración de Buenos Aires - Junio 2006

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de Buenos Aires los días 29 y 30 de junio de 2006, con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que luego de celebrada la I Conferencia Nacional de Jueces de la República Argentina, cabe a esta Federación destacar la importancia de dicho evento y evaluar sus proyecciones, las cuales se vislumbran en las conclusiones de cada una de las comisiones, elaboradas a partir del consenso y se ven plasmadas en las Acordadas 16/06 y 17/06 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La tarea cumplida conjuntamente con el Alto Tribunal de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, muestra la fortaleza del trabajo compartido en aras de lograr soluciones para los grandes problemas que afectan al servicio de justicia, a la vez que nos alienta a bregar por la concreción de los objetivos propuestos y que la sociedad espera.

Que en cuanto a las particularidades que se presentan en algunas jurisdicciones, corresponde destacar que esta Federación apoya el pedido efectuado por el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien se pronuncia frente al próximo vencimiento del mandato de los actuales Consejeros jueces en el Consejo de la Magistratura y de los Magistrados miembros del Jurado de Enjuiciamiento, que operará el 18 de diciembre del año en curso. En tal sentido, la Federación Argentina de la Magistratura considera que las elecciones para la designación de los reemplazantes deberían ser fiscalizadas por los propios Magistrados. Ello, en tanto no se encuentra justificación alguna para que dicho acto eleccionario sea supervisado por los otros estamentos que integran el mentado Consejo de la Magistratura. La circunstancia antes apuntada hace a la independencia efectiva del Poder Judicial y encuentra asimismo asidero en el paralelismo de las formas, por cuanto es notorio que los procesos de selección de los representantes del cuerpo de abogados y de la Legislatura ante el Consejo son controlados por sus pares, ya sea a través del Colegio Público de Abogados, aquéllos, ya directamente por los propios legisladores en el segundo caso.

En la provincia de Corrientes, su Colegio de Magistrados y Funcionarios debió pronunciarse ante la escalada de denuncias y pedidos de juicio político, llamando a la reflexión, en torno del mandato constitucional de “afianzar la justicia”, con sus implicancias en lo que hace a la garantía del debido proceso. Esta Federación afianza esa declaración enfatizando que, cuando se formula una denuncia contra un magistrado o funcionario con fundamentos aparentes y con el único propósito de apartarlo del proceso, se desnaturaliza la institución del juicio político, se ataca sin razón el honor del magistrado denunciado y se obstaculiza el ejercicio del imperio jurisdiccional del juez, con el consiguiente perjuicio a la prestación del servicio de justicia. Ello se agrava si se produce el aplazamiento de la decisión del jury en forma irrazonable.

Esta Federación ve con preocupación que en la provincia de Mendoza subsisten las diferencias salariales entre jueces que ocupan igual cargo con idéntica antigüedad, situación particular que se agrava aún más, si se tiene en cuenta que el poder político de dicha provincia, mediante declaraciones públicas hace trascender la posibilidad de juicios políticos a los magistrados amparistas por el mero ejercicio del derecho de defensa del principio de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, como pilar de la independencia judicial. Estas actitudes de quienes ejercen el poder político de las distintas jurisdicciones provinciales son contrarias a los postulados que históricamente viene sosteniendo esta Federación en cuanto a la necesidad de asegurar la equiparación de las remuneraciones que perciben todos los jueces del país con las que perciben los magistrados de la justicia nacional y federal, como un medio más de afianzar la justicia a lo largo y ancho del país.

Con relación a la provincia del Chaco, se indica la necesidad de que se respete irrestrictamente el régimen previsto por la legislación vigente en la designación de jueces de todas las instancias, máxime cuando se trata de ministros del Superior Tribunal, sin que quepa formular distingos ajenos a la letra y el espíritu del texto constitucional.

En el Poder Judicial de la Provincia de Neuquén persiste la situación de riesgo para su independencia. Se ha sancionado una reforma constitucional promovida por el oficialismo, en la que se dispone la creación de un Consejo de la Magistratura, pero con predominio político y “exclusión de los magistrados”. En base a la necesidad de perfeccionamiento y actualización que también prevé la nueva constitución –habla de “evaluación periódica”-, se ha anunciado la pretensión de instrumentar un mecanismo de exámenes cada cuatro años, que no brindaría garantía alguna de imparcialidad ni ecuanimidad, pudiendo constituirse en un medio eficaz para intimidar a los jueces y comprometer su inamovilidad a voluntad del gobierno de turno.

Dada la grave afectación a la independencia del Poder Judicial de dicha provincia que las circunstancias mencionadas tanto en esta Declaración como en otras anteriores importarían, esta Federación se compromete a observar la referida situación, a través de las autoridades de su mesa ejecutiva y a efectuar los planteos que la cuestión exija ante la Comisión de Independencia creada por la Acordada 16/06 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.