Declaración de Bariloche - Octubre 2005

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de San Carlos de Barilocho, el día 5 de octubre de 2005, con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fé, San Luis, Santa Cruz, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

DECLARA:



Que esta Federación condena enérgicamente la práctica viciosa de someter a los magistrados a juicio político por el contenido de sus sentencias. Ésta constituye una clara infracción al principio de división de poderes, regla central de nuestra organización política e institucional y configura, al mismo tiempo, un grave menoscabo a su actuación independiente.Si se admitiera la revisión politica de los fallos judiciales, se borrarían los límites jurídicos del poder, esenciales para preservar la República y no caer en el despotismo. Es importante, en ese sentido, que las entidades representativas de los magistrados y funcionarios judiciales envíen un mensaje claro en tal sentido a la comunidad, destinataria del servicio de justicia, para lo cual es fundamental transmitir ideas fundacionales tales como que la separación de poderes hace a la esencia republicana y que la garantía de independencia de los jueces no responde a intereses elitistas, sino que, por el contrario, está destinada a salvaguardar los derechos individuales de cada ciudadano y en especial de los más débiles.
Que, en relación a la Provincia de Mendoza, cabe reiterar nuestra condena a los constantes ataques provenientes del Poder Ejecutivo de esa Provincia, dirigidos a su Poder Judicial, agrediendo a sus miembros y pretendiendo vulnerar la garantía constitucional de independencia, llegando al extremo de promover la modificación de la Constitución provincial convirtiendo en letra muerta la garantía de intangibilidad de las remuneraciones, con el agravante de haber montado una agresiva y parcial campaña electoral dirigida a inducir el voto popular en perjuicio del reconocido prestigio de los jueces mendocinos.
Que, asimismo, se denuncia que en la Provincia de Mendoza persiste una irritante e insostenible diferencia salarial entre magistrados de una misma categoría, habida cuenta que, mientras aproximadamente la mitad de los que accionaron judicialmente poseen sus remuneraciones recompuestas, el resto percibe sumas notablemente inferiores debido al recurso de queja interpuesto por el gobierno provincial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se encuentra aun sin resolver, no obstante tratarse de una acción de amparo, el tiempo transcurrido hasta ahora y contar, además, con dictamen favorable del Procurador General de la Nación
Que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, desde hace varios meses, se encuentra en una permanente situación de conflicto derivada, no sólo del prolongado paro judicial de sus empleados, sino por el otorgamiento de aumentos salariales inequitativos y que genera, en los hechos, una nueva postergación en la situacion remuneratoria de sus Secretarios. Ante esa grave situación la FAM insta a los poderes políticos a hallar una pronta solución a la situación allí planteada.
Que preocupa a la Federación que en la Provincia de San Luis, pese a las gestiones efectuadas por el Superior Tribunal de Justicia, materializadas en una Acordada y proyectos legislativos que el Colegio de esa Provincia comparte, en relación a la necesidad de un aumento salarial, de una nueva ley de autarquía financiera y de modificaciones a las normas que regulan la designación y enjuiciamiento de magistrados, no haya aún mediado decisión al respecto. Es por ello que se exhorta al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a adoptar prontas y eficientes decisiones respetando de este modo la independencia judicial.
Que ante la situación de la Provincia de Neuquén, preocupa a la FAM la posibilidad de una difusa reforma de la Constitución provincial promovida por el propio gobierno en cuanto implique el avasallamiento de derechos reconocidos en la actual Constitución y no importe el mejoramiento del sistema de selección y designación de magistrados y funcionarios a través de un método objetivo y transparente que hoy se ha distorsionado en la selección de los fiscales. Se cuestiona en esta Provincia la afectación del derecho a la capacitación mediante el deterioro de la Escuela de Capacitación y las restricciones de licencias con ese fin.
La situación del Poder Judicial de las Provincias del Chaco y Jujuy en materia salarial resulta insostenible, con sueldos congelados desde hace más de catorce años, situación incluso reconocida por los Sres. Gobernadores de ambas Provincias ante las autoridades de FAM. Las promesas de solución se dilatan sin concretarse en hechos, afectándose el principio de intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios constitucionalmente reconocida, conviritiéndose asi en los Poderes Judiciales peor remunerados del país. Por ello se insta a los poderes políticos de esas Provincias a dar inmediata solución al problema.

Alfredo Daniel Pozo
Secretario
Edgardo Juan Albrieu
Presidente