Declaración de Buenos Aires - Diciembre 2005

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura en reunión Ordinaria celebrada en la ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 1º y 2 de diciembre de 2005 con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

DECLARA:


Esta Federación reitera su convicción de que un auténtico sistema democrático exige un Poder Judicial independiente sostenido por las garantías constitucionales de inamovilidad e intangibilidad de sus jueces y legitimado ante la sociedad por sistemas transparentes y justos de designación y remoción de los mismos. Las referidas garantías -de efectos inmediatos para los jueces y mediatos para el pueblo de la Nación- de igual modo que la libertad e igualdad de los ciudadanos no son susceptibles de ser sometidas a decisión popular, pues sobre tales principios se asienta el pacto de convivencia de los argentinos, objetivado en la Constitución Nacional. Hoy la FAM observa con preocupación que existe afectación y desnaturalización de aquellos axiomas en muchos lugares de nuestra patria por lo que insta a los poderes públicos de los estados provinciales a converger en acciones comunes que afiancen el sistema mediante la defensa integral de tales postulados.

La Argentina, como Estado Federal, presenta distintas realidades socio-económicas y políticas entre sus provincias, pero aquellos contextos no pueden mellar la igualdad de derechos de los componentes de la Nación toda. Y, en ese orden resulta inadmisible las diferencias salariales existentes entre la justicia federal y la mayoría de los poderes judiciales provinciales, por lo que esta Federación urge a los poderes públicos a lograr una equiparación progresiva, razonable y fundamentalmente justa de los salarios de magistrados y funcionarios, con relación a la Justicia Nacional.

En particular, cabe hacer referencia a la provincia de Santa Cruz, habida cuenta su específico marco legal, por lo que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia a adoptar políticas salariales propias tendientes a producir esa equiparación en un plazo razonable.

Con relación a este tema corresponde también mencionar la situación de la provincia de Río Negro, toda vez que su Superior Tribunal de Justicia, en uso de atribuciones constitucionales, dictó las Acordadas 9 y 11 /2005 por las cuales formuló el presupuesto del Poder Judicial contemplando no sólo la recuperación de la incidencia histórica del mismo en el presupuesto general de la provincia desde su nivel actual - el más bajo de los últimos 13 años- sino también la pretendida equiparación Por tal razón esta Federación insiste ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa provincia a su integral aprobación respetando y haciendo respetar la independencia del Poder Judicial.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires preocupa la designación en forma interina de integrantes del Ministerio Público sin regulación general y previa que permita ponderar parámetros objetivos, ni llamado a concurso para la cobertura de esas vacantes. El resultado es la posible permanencia sine die de los cargos en cuestión, lo que significa la vulneración de la normativa constitucional y legal vigente para el ingreso al Poder Judicial. Asimismo esta Federación considera de suma relevancia destacar que se deben respetar las reglas del debido proceso durante la sustanciación del primer jury a un Juez de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se sigue analizando la situación de la Provincia del Neuquén, ahora, a raíz de la continuidad de traslados compulsivos de funcionarios, con clara connotación discriminatoria y regimentadora, tal el caso de la fiscal adjunta Dra. Cristina Beute, dispuesta por los fiscales de Cámara. La controvertida justificación del origen del jury al Fiscal de Cámara, Ricardo Mendaña, y la persistencia de irregularidades expresadas por algunos miembros juzgadores conducen a reiterar que debe asegurarse el debido proceso evitándose conductas persecutorias.

En la misma provincia es de esperar que la reforma constitucional en ciernes, precise claramente los recaudos de ingreso y egreso de los jueces con reglas transparentes y pautas objetivas que eviten la discrecionalidad que hoy se advierte en algunas designaciones efectuadas por el Tribunal Superior de Justicia. Resulta asimismo atentatorio contra las garantías constitucionales aludidas más arriba, el proyecto de reforma de Ley Orgánica en cuanto amplía las facultades de suspensión a Magistrados y Funcionarios conferidas al Alto Cuerpo. En relación con lo expresado aparece promisorio que el Relator de las Naciones Unidas para la Defensa de Jueces y Abogados haya remitido a esta Federación Argentina de la Magistratura copia del requerimiento de informes a las autoridades de la Provincia del Neuquén.

En la provincia del Chaco ha resultado ejemplar lo ocurrido, donde el Poder Judicial logró una clara cohesión en todos sus niveles en torno del principio republicano que impone el respeto de su independencia, con relevante adhesión de las entidades que nuclean a los profesionales del derecho. Corresponde destacar la actitud del Superior Tribunal de Justicia que se puso al frente de tal defensa, por lo que más allá de los resultados obtenidos, no aparece menor el logro que significa la recomposición del presupuesto que permite al Alto Cuerpo mejorar la actual coyuntura con miras a una solución definitiva que se avizora como posible, ante la unidad de todos los estamentos.

Se rechaza enérgicamente la reciente reforma del art. 151 de la Constitución de Mendoza en tanto y en cuanto viola palmariamente la garantía de la intangibidad de las remuneraciones consagrada en el art. 110 de la Constitución Nacional. Asimismo adhiere y destaca el contenido de la declaración del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados en su 48º Asamblea Anual –Montevideo, noviembre de 2005- en la que condena tal enmienda constitucional y exhorta al restablecimiento pleno de la garantía, en consonancia con las previsiones de la Constitución de la Nación Argentina. Además esta Federación reitera su preocupación respecto a que en Mendoza se continúe manteniendo una irritante diferencia salarial entre magistrados de una misma categoría, lo que se ve agravado porque extrañamente sigue sin resolución el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de esa provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Alfredo Daniel Pozo
Secretario
Edgardo Juan Albrieu
Presidente