Declaración de Córdoba - Noviembre 2004

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión ordinaria celebrada en la ciudad de Córdoba, los días 25 y 26 de noviembre de 2004, con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fé, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán;

DECLARA:

Que esta Federación, en su calidad de entidad representativa del conjunto de magistrados y funcionarios judiciales de la totalidad de las provincias argentinas, cree necesario reiterar en esta oportunidad su pensamiento, expresado en anteriores documentos, en el sentido que el Poder Judicial debe realizar ingentes esfuerzos para recomponer su relación con la sociedad a partir de su compromiso con la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido corresponde comprometer a todo el sistema judicial y a sus operadores en la definición y defensa de aquellos componentes que hacen a la esencia del Poder Judicial, inherentes a su reconocimiento como Poder del Estado, como lo son la inamovilidad de los jueces, su independencia respecto de los demás Poderes y en el ámbito interno y su autarquía económica y financiera.

Que causa preocupación la situación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires ante el anuncio de la adopción de diversas medidas y disposiciones que implican una ingerencia indebida del poder político en el desempeño autónomo e independiente de los jueces y funcionarios judiciales por vía de un control externo de su actuación y rendimiento, incompatible con la facultad de superintendencia conferida a la Suprema Corte Provincial.

Que se observa con marcada preocupación la grave situación que viven los magistrados de Mendoza que han accionado legítimamente contra el Poder Ejecutivo Provincial en defensa del principio constitucional de intangibilidad de las remuneraciones y se condena enérgicamente la conducta de aquellas personas que, por acción u omisión, facilitaron desde la Suprema Corte de Justicia de Mendoza la remisión irregular del expediente judicial a la Corte Suprema de Justicia Nacional. Tal accionar pone en tela de juicio la transparencia de quienes intervinieron o influyeron en el trámite de remisión, compromete seriamente la seguridad jurídica y viola el principio de independencia del Poder Judicial. Por ello exhortamos a que el hecho no quede impune mediante el silencio complaciente, sea por temor u otras inconfesables intenciones, debiendo ser ampliamente investigado y sancionados sus responsables.

Que se advierte lo peligroso de la situación planteada en el Poder Judicial de Neuquén ante la promoción de juicio político al Fiscal del Superior Tribunal de Justicia, el pedido de enjuiciamiento a un Fiscal de Cámara y la amenaza de jurados de enjuiciamiento masivos, sin fundamento ni causales valederas ni comprobadas y en defintiva solo sustentados en diferencias de criterio y opinión. Esto implica una desnaturalización del instituto de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales lo cual afecta gravemente la inamovilidad de los jueces y la independencia del Poder Judicial y el equilibrio que debe existir entre los distintos poderes del Estado.

Que los informes técnicos sobre la existencia de problemas estructurales, funcionales y de seguridad que muestra el edificio de tribunales de la Provincia de Jujuy ameritan se exhorte a los poderes públicos a aunar esfuerzos en aras de lograr una solución integral que brinde seguridad física y tranquilidad espiritual a los operadores del derecho, en particular y a los justiciables, en general.

Que nuevamente advertimos la profunda desigualdad existente entre las remuneraciones de los poderes judiciales de las provincias argentinas y, fundamentalmente, en relación con la justicia nacional y federal. Ello constituye una flagrante violación al principio constitucional de igual remuneración por igual tarea y al propio sistema federal y republicano de gobierno.

Que, en ese sentido, es particulamente preocupante la situación de la Provincia de Catamarca, donde -además de lo expuesto- se encuentra vigente un sistema legal de tope salarial basado en la remuneración del Gobernador de la Provincia, lo cual, además de la irrealidad del parámetro adoptado, implica un total desconocimiento de la especificidad de la función judicial y del principio de autarquía que habilita al Poder Judicial de esa Provincia a fijar sus remuneraciones.

Que los integrantes de los poderes judiciales provinciales confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su actual y renovada integración, mantenga y ratifique su doctrina tradicional en el sentido que la garantía de intangibilidad de las remuneraciones -art. 110 C.N.- debe ser respetada y asegurada por los Estados Provinciales, obligación que les viene impuesta por el art. 5º de la Constitución Nacional. A ese respecto, advertimos con preocupación fallos recientes de ese Alto Tribunal, recaídos a partir de reclamos de magistrados y funcionarios de las provincias de Corrientes, Jujuy y Mendoza, que pueden ser interpretados como un apartamiento de aquella sana y señera doctrina.

Alfredo Daniel Pozo
Secretario
Edgardo Juan Albrieu
Presidente