Declaración de Buenos Aires - Junio 2004

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de Buenos Aires, los días 24 y 25 de junio de 2004, con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán;

DECLARA:

Que debe cuestionarse enfáticamente la generalizada e indebida activación de procesos de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios y la actuación del jurado de enjuiciamento, en varias provincias argentinas. No podemos permitir que estas instancias constitucionales, previstas para afianzar la independencia y buena marcha de la justicia, se conviertan en instrumentos ejercidos irresponsablemente, a través de los cuales se pretende atacar la independencia y serenidad de ánimo de los juzgadores, sometiéndolos por esta vía a un indebido control político mediante el examen de la doctrina o criterio de sus fallos. La custodia de la independencia judicial –si bien es responsabilidad principal de los magistrados y funcionarios– compromete también a los demás poderes del Estado, junto con los formadores de opinión y litigantes. Estos últimos, como auxiliares de la justicia, deben dirimir sus derechos y diferencias mediante el uso de los recursos procesales, con observancia de sus reglas y dentro del proceso. La irresponsable crítica mediática y la activación de enjuiciamientos por estas razones no puede ser una alternativa más en sustitución de los recursos procesales, máxime si quienes así actuan no reciben las sanciones legalmente previstas, lo cual constituye un ataque a la credibilidad e independencia judicial.

Que, en tal sentido, corresponde pronunciarse ante la situación planteada en la Provincia de Rio Negro respecto a la denuncia, precedida de una asamblea popular, auspiciada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Cipolletti, efectuada por un querellante ante el Consejo de la Magistratura, contra los integrantes de una Cámara del Crimen de General Roca, cuestionando el contenido de un fallo. Al respecto se reafirma que la independencia de criterio de los Magistrados en el acto de administrar justicia hace a la esencia del sistema republicano de gobierno. No puede desvirtuarse al Consejo de la Magistratura transformándolo en instrumento de escarmiento a quienes, ejerciendo tal independencia, dictan fallos que no conformen a una parte interesada. La FAM exhorta a los órganos disciplinarios de los Poderes Judiciales de las Provincias y/o Jurados de Enjuiciamiento, a rechazar las denuncias cuando aparezcan realizadas en éste marco o no contengan otra fundamentación que el mero desacuerdo subjetivo con un fallo determinado.

Que esta Federación ratifica, enérgicamente, su posición en el sentido de que las normas –legales o constitucionales- que establecen revalidaciones periódicas de los Magistrados y Funcionarios judiciales afectan el principio de inamovilidad en el cargo mientras dure su buena conducta, consagrado en la Constitución Nacional y que las Provincias deben respetar por conducto de lo dispuesto en su art. 5°. Garantizándose que las designaciones en los cargos del Poder Judicial lo sea a través de procedimientos objetivos y estableciéndose mecanismos adecuados para el control del desempeño de sus integrantes, no resultan admisibles iniciativas –como la propuesta en la Provincia de Misiones- que afectan la independencia de los jueces y el principio constitucional enunciado.

Que con relación a la Provincia de San Luis se ve con preocupación el dictado de Códigos Procesales, en el marco de revisión de leyes, en los que se han incorporado cláusulas y normas claramente invasivas por parte del Poder Legislativo en el Poder Judicial, generando un sistema de multas cuantiosas y la consagración de causas de remoción de magistrados y funcionarios que atentan ostensiblemente contra los principios de intangibilidad y estabilidad. Por ello, se exhorta a la Legislatura de esa Provincia a generar las reformas legales necesarias tendientes a reafirmar el principio de división de poderes, derogando el sistema de revalidación períodica de cargos, de multas, sanciones y pérdidas de jurisdicción, ajenos al sistema natural de control funcional, único medio idóneo a esos efectos.

Que la Federación se opone a las reformas constitucionales que pretendan realizar las intervenciones federales, toda vez que la declaración de la necesidad de tales reformas, como la sanción de las mismas, son facultades privativas de los pueblos de las Provincias, a través de sus representantes elegidos democráticamente.

Que corresponde advertir el avance de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, en relación a la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, al imponer cláusulas de ajuste de haberes que vulneran el expreso mandato constitucional. También debe manifestarse la oposición al dictado de la ley que, en esa Provincia, incorpora una causal específica de excusación para los jueces, contrariando el principio de juez natural.

Que, finalmente, esta Junta de Gobierno ha podido constatar las notorias e injustificadas diferencias remuneratorias existentes entre las distintas Provincias Argentinas y entre éstas y las que corresponden a la Justicia Nacional y Federal. Debe propenderse a que todos los Poderes Judiciales del país tengan remuneraciones que guarden una razonable equivalencia y proporcionalidad, como derivación del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea.