Declaración de Buenos Aires - Febrero 2004

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión ordinaria celebrada en la ciudad de Buenos Aires, los días 26 y 27 de febrero de 2004, con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fé, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán;

DECLARA:

Que la medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, dirigidas a la reforma de su administración de justicia, implican –en general- una errónea apreciación del rol institucional del Juez, juzgando su actuación en términos de productividad y rendimiento, sin valorar la complejidad y responsabilidad de su desempeño.

Que, en igual sentido, resultan inaceptables los intentos de modificar constituciones provinciales con el propósito de derogar o relativizar los principios de intangibilidad e inamovilidad consagrados por la Constitución Nacional y por los actuales textos constitucionales locales. Tales principios son consustanciales con el reconocimiento de un Poder Judicial independiente y –acorde lo ha sostenido reiteradamente la Corte Federal- deben ser estrictamente respetados por las Provincias a mérito de lo dispuesto por el art. 5° de la Constitución Nacional.

Que se advierte con preocupación la situación que se plantea en las Provincias de Salta y Rio Negro donde se mantiene en la actualidad la eliminación del adicional por antigüedad y la postergación salarial en grado inaceptable para el regular funcionamiento de la Justicia. Ello afecta la jerarquía de las funciones, la carrera judicial y la necesaria equivalencia con las remuneraciones promedio reconocidas en el país.

Que cabe señalar la inquietud causada por la paulatina precarización de las remuneraciones del Poder Judicial de la Pcia. de Catamarca, producida por sucesivas modificaciones en su conformación, dispuestas por el Poder Ejecutivo, convirtiéndolas en las más bajas del país con el riesgo institucional que ello implica, condenando enfáticamente la exposición pública y mediática, como asimismo la politización a la que han sido sometidos en esa Provincia los magistrados y funcionarios que han ejercido acciones judiciales en reclamo de la intangibilidad de sus haberes.

Que deben morigarse las críticas dirigidas al funcionamiento del Poder Judicial de la Pcia. del Chubut, máxime cuando ellas emanan de miembros del Poder Ejecutivo de esa Provincia por cuanto ello puede significar una afectación a la autoridad y autonomía de actuación de los jueces y eventualmente un avance sobre la independencia del Poder Judicial.

Que con relación a la situación generada en la Pcia. de Río Negro con motivo de las reiteradas intervenciones de las denominadas “comisiones de investigación legislativa” en asuntos que por su naturaleza deben caer en la órbita exclusiva del Poder Judicial, corresponde afirmar que las mismas resultan absolutamente inconstitucionales desde que así lo establece la Carta Magna nacional (art. 109) y la Constitución de la Provincia (art. 196). De modo que cabe exhortar al Superior Tribunal de Justicia provincial para que, como intérprete final del ordenamiento constitucional local, así lo declare haciendo respetar, como corresponde, la independencia del Poder Judicial.

Que causa preocupación las modificaciones legislativas recientemente introducidas en la Pcia. de Entre Ríos, que afectan sustancialmente la competencia del Superior Tribunal de esa Provincia y del Ministerio Público. Tales cuestiones resultan particularmente delicadas y trascendentes y ameritan, por ello, una evaluación sería y profunda pues, de lo contrario, las medidas dispuestas pueden ser visualizadas como una afectación de la independencia del Poder Judicial. Las Cortes y Superiores Tribunales de Provincia tienen encomendada la tarea irrenunciable e indelegable de ser los órganos supremos de interpretación de la Constitución y ello no debe ser alterado por reformas apresuradas y coyunturales.