Declaración de Buenos Aires - Noviembre 2003

Nro. 22: Declaración de Buenos Aires

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión ordinaria celebrada en la ciudad de Buenos Aires, los días 20 y 21 de noviembre de 2003, con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán;

DECLARA:

Que ante las amenazas de intervención a los Poderes Judiciales de algunas provincias, tal como acontece en las Provincias de Santiago del Estero y Misiones, cabe reiterar el pensamiento constante de esta Federación en el sentido que tal remedio excepcional no puede alcanzar al Poder Judicial, y cuanto menos afectarlo selectivamente como se pretende. Los Poderes Judiciales provinciales son así injustamente erigidos en víctimas propiciatorias, haciéndolos responsables de todos los males y de todas las irregularidades, utilizando el recurso o la amenaza de intervención judicial más como elemento de presión que como forma de obtener soluciones institucionales. En ese sentido y como está históricamente comprobado, tales medidas no han contribuido a solucionar los problemas sino que, por regla, los han agravado.

Que con respecto a la situación de la Provincia de San Luis, existiendo en la actualidad una revisión general de las leyes, corresponde reiterar lo sostenido por la Federación en el sentido que el principio de independencia se afecta severamente cuando se pretende someter a jueces y funcionarios judiciales a revalidaciones periódicas. Si se garantiza que el ingreso al Poder Judicial se efectúe a través de procedimientos que aseguren el acceso de los profesionales más idóneos y al mismo tiempo funcionan correcta y oportunamente los procedimientos de contralor de su desempeño y los mecanismos constitucionales de remoción, no se visualiza la razón que justifique someterlos a tales evaluaciones. En ese sentido los integrantes del Poder Judicial rinden cotidianamente prueba de su desempeño al emitir sus sentencias, las que deben fundar en derecho y sin incurrir en arbitrariedad. La publicidad de tales pronunciamientos posibilita, a su vez, su contralor por la sociedad.

Que corresponde también propiciar al mantenimiento del sistema de autarquía judicial vigente en la Provincia de San Luis en tanto constituye un instrumento adecuado para garantizar la independencia del Poder Judicial.

Que se observa con marcada preocupación que en Mendoza persiste el conflicto que afecta a los magistrados de esa Provincia, debido al accionar del actual Poder Ejecutivo y por ello exhortamos al Sr. Gobernador electo a obtener, por vía del diálogo, el respeto y el restablecimiento de los principios constitucionales de división de poderes e independencia del Poder Judicial.

Que las medidas dispuestas en la Provincia de Córdoba en relación al régimen previsional de los magistrados y funcionarios judiciales afectan severamente principios constitucionales. Ellas generan, al mismo tiempo, un estado de inquietud e inseguridad poco propicio para el desempeño regular de la función judicial.