Declaración de Neuquén - Noviembre 2001

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión ordinaria celebrada en Neuquén, Provincia del Neuquén, el día 9 del mes de noviembre de 2001, con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquen, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur y Tucumán,

DECLARA:
1) Que corresponde ratificar, la declaración efectuada en la ciudad de Buenos Aires el 17 de agosto ppdo., pues mantiene plena vigencia y la situación que la motivara no solo no ha cambiado sino que se ha agravado. En ese sentido cabe reiterar que la crisis que afronta la Nación y las Provincias socava los principios republicamos y en modo alguno justifica el avasallamiento de las garantías y derechos constitucionales, ni convalida su violación, suspensión o modificación.

2) Que la grave crisis por la que atraviesa el país no justifica la apropiación por la Nación de los fondos de coparticipación federal que corresponden a las Provincias sin dejar de reconocer que, en alguna de ellas, obedece a la responsabilidad de sus propias autoridades. Estas situaciones de orden político-económico tienen incidencia directa sobre todos los Poderes Judiciales Provinciales que han sido ajenos a su origen, poniéndolos al limite de su supervivencia, con la disminución de partidas presupuestarias, falta de pago de salarios o con moneda que no es de curso legal, huelgas permanentes del personal, suspensión de plazos procesales, entre otras situaciones igualmente anómalas.- Son todos emergentes que, bajo el argumento de la crisis, debilitan seriamente el aseguramiento de Justicia que constitucionalmente deben garantizar las Provincias y al que tienen derecho todos los ciudadanos.

3) Que las reformas constitucionales anunciadas en algunas Provincias, tales como Corrientes, Neuquen, Tierra del Fuego y Tucumán, no deberán afectar, en modo alguno, los principios de inamovilidad e intangibilidad reconocidos por la Constitución Nacional y a cuyo acatamiento están obligadas las Provincias, como lo manda su art. 5.- Se impone reiterar que tales principios son propios de los Poderes judiciales de los sistemas democráticos y constituyen el basamento de su independencia, como garantía para todos los ciudadanos.

4) Que, en consonancia con lo señalado en el punto anterior, ante la inminente reforma parcial de la Constitución de la Provincia de La Rioja y la posibilidad de que ella implique la declaración en comisión de un sector de su Poder Judicial –concretamente de las circunscripciones judiciales con asiento en el interior de la Provincia- cabe sostener que tal decisión vulneraría groseramente el principio de inamovilidad reconocido por el art. 130 de la Constitución Provincial y el art. 110 de la Constitución Nacional. Ello sin perjuicio de señalar que dicha iniciativa se aparta de los temas taxativamente establecidos para la reforma en la ley de convocatoria.

5) Que, ante la implementación de la reforma procesal en la Provincia del Chubut, se observa con preocupación la vulneración de la constitución nacional y la de esa Provincia, en tanto se consiente la atribución de funciones propias del Ministerio Público a auxiliares letrados, carentes de los atributos y responsabilidades inherentes a esa función y prescindiendo, en su designación, de los procedimientos constitucionalmente establecidos –Consejo de la Magistratura y Legislatura-. Idéntica gravedad reviste la advertencia efectuada a los magistrados, por el Superior Tribunal de esa Provincia, conminándolos a aceptar la anómala actuación de dichos auxiliares y a acatar las directivas emanadas del Procurador General y del Defensor General, lo cual afecta severamente el ejercicio independiente de la potestad jurisdiccional.

6) Que se observa con preocupación la implementación, en la Provincia de Entre Ríos, por Decreto del Poder Ejecutivo, ad referéndum de la legislatura, y con fundamento en la necesidad de reducir el gasto público, de un sistema de jubilación anticipada, donde se incluye a magistrados y funcionarios judiciales. Ello significa el otorgamiento de un privilegio injustificado y se contradice con los fines pretendidos en tanto las vacantes que se produzcan deberán ser necesariamente cubiertas. La inamovilidad de los jueces se vulnera, no sólo con su remoción injustificada, sino también creando mecanismos impropios de retiro anticipado de sus funciones.

7) Que, ante el rechazo por parte de la Legislatura de la Provincia del Neuquen de los pliegos de postulantes a la magistratura por haber promovido juicios por errónea liquidación de sus haberes, se considera que tal actitud resulta notoriamente discriminatoria, cercenando ilegítimamente el derecho de accionar ante los Tribunales de Justicia, reconocido a todo ciudadano.

8) Que en esta oportunidad reafirmamos el compromiso de trabajar por los necesarios cambios que requieren nuestros Poderes Judiciales, respondiendo así a las exigencias de los ciudadanos.