Declaración de Buenos Aires - Agosto 2001

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de Buenos Aires, el día 17 de agosto de 2001, con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur y Tucumán, ante la grave situación que viven la nación y las provincias, expresamos que:

  1. La presente crisis excede lo meramente económico y socava los principios republicanos que cimentan la vida en sociedad y la existencia misma de la nación.

  2. Sin ser ajenos a la emergencia, no debemos permitir ningún avance de cualquier poder político o económico sobre la independencia de los poderes judiciales de la nación y de las provincias.

  3. Debe respetarse en forma integra e irrestricta la vigencia de las garantías y derechos constitucionales, no convalidando su violación, suspensión o modificación bajo el argumento de la crisis.

  4. La República Argentina tiene en su memoria las consecuencias nefastas que produjo la violación de la Constitución Nacional en el pasado.

  5. Las Constituciones Nacional y Provinciales no pueden ser aplicadas parcialmente, pretendiéndose elegir en cada ocasión que parte ha de ser cumplida y cual no se ha de respetar. Lo contrario conduce a sucesivos avasallamientos que perjudican a los ciudadanos y convierten a las constituciones en letra muerta.

  6. Con el pretexto de administrar la crisis o de asegurar la gobernabilidad, no se puede permitir violar la independencia de los poderes del estado, la libertad de prensa o las garantías que protegen a los ciudadanos de los abusos que se puedan cometer desde el poder. No es posible la supresión o vulneración de alguna de ellas sin que las restantes se encuentren, inmediatamente, en igual peligro de desaparición.

  7. Es necesario que se proceda a eliminar las causas que han conducido a la presente situación, ejerciendo las acciones que sean menester para terminar con la corrupción (evasión impositiva, previsional, contrabando y otras) que destruyen las oportunidades de acceder al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad, y a la justicia de toda la sociedad argentina y que, por los montos que involucran, cubrirían con exceso el déficit actual, sin tener que recurrir a los recortes salariales y de los haberes jubilatorios, al pago en bonos, tickets, cheques diferidos, falta de pago de aguinaldos y otras medidas que afectan a los ciudadanos en general y al funcionamiento del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales.

  8. Finalmente, la FAM considera que los magistrados y funcionarios judiciales debemos profundizar el compromiso colectivo de extremar esfuerzos en el esclarecimiento y sanción en tiempo propio de los hechos de corrupción que afectan gravemente al sistema democrático y a la credibilidad de la sociedad en sus instituciones. Nos incumbe un papel protagónico al respecto, pues la investigación y condena de la corrupción, unidas a la defensa de los derechos fundamentales y de la primacía de la Constitución deben ser objetivos prioritarios e ineludibles de los jueces y fiscales.