Declaración de Córdoba - Junio 2001

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, los días 21 y 22 de junio de 2001, luego de un profundo debate sobre los temas objeto de la convocatoria y con los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.


DECLARA



  1. Que a los fines de garantizar la independencia del Poder Judicial y consecuentemente la inamovilidad de sus integrantes, respecto al enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales, corresponde reiterar los siguientes principios:

    1. Ante la situación planteada en las provincias de Catamarca y Córdoba, debe insistirse en la obligación de ajustar -con la mayor estrictez- el pedido de los mismos a las causales expresamente previstas en las normas constitucionales o legales respectivas, aventando cualquier intento de utilizar el mencionado procedimiento con fines distintos a los que han motivado su regulación.
    2. Asimismo, al decidirse el pedido de enjuiciamiento -y con mayor razón antes de su promoción- debe evitarse su difusión pública hasta tanto el Jurado de enjuiciamiento se expida sobre su viabilidad, evitándose así un daño inútil a las instituciones y a la imagen del Poder Judicial en general y del Juez afectado en particular. Lo expuesto, que constituye una obligación legal incumplida en la Provincia de Córdoba, debe ser reafirmado respecto a la situación suscitada en la Provincia de Catamarca.
    3. Cabe también exigir que la integración de los Jurados de Enjuiciamiento responda a una composición equilibrada que garantice un juzgamiento imparcial.


  2. Que cabe requerir la pronta reglamentación de los Consejos de la Magistratura en las Provincias donde se ha omitido hacerlo.

  3. Que el adecuado funcionamiento de un sistema de selección de magistrados y funcionarios exige un pronunciamiento oportuno de los órganos involucrados; por ello se advierte con preocupación la dilación en que se incurre en la resolución de las ternas o propuestas formuladas respecto a la cobertura de cargos judiciales.

  4. Que también preocupan las iniciativas tendientes a modificar los regímenes de licencias y de feria judicial sin que se tengan en cuentan las especiales características de la labor tribunalicia.

  5. Que ratificamos en esta oportunidad que los Secretarios Judiciales Letrados, en tanto participan en la función Judicial, están alcanzados por el principio constitucional de intangibilidad de las remuneraciones. Corresponde, entonces, adherir a las Cortes o Superiores Tribunales que se han pronunciado en ese sentido y reclamar que se expidan de la misma manera aquellas Provincias que no lo han hecho.

  6. Que se observa con profunda preocupación la implementación en la provincia de La Rioja, por Ley n° 7113, del pago de salarios en general -incluyendo a magistrados y funcionarios del Poder Judicial- mediante bonos cuya percepción alcanza al 50% de sus haberes, afectando así la intangibilidad de las remuneraciones. Corresponde requerir a las autoridades de esa Provincia se abstengan de aplicar dicha disposición en tanto vulnera en forma manifiesta las garantías constitucionales. (Art. 5, 17, 31 y 110 de la Constitución Nacional y Art. 130 de la Constitución de La Rioja).

  7. Que se reclama nuevamente al Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro efectivice en término y regularice el pago de las retribuciones mensuales adeudadas a magistrados y funcionarios, atento al reiterado incumplimiento incurrido, violatorio de su obligación institucional. Similar situación se plantea en las provincias de Jujuy y Formosa.

  8. Que preocupan seriamente los actos de violencia colectiva ocurrido los últimos días en el Norte de la provincia de Salta, y en otros lugares del país, que son del dominio público y se sostiene que los únicos caminos válidos para la reconstrucción de la paz social son el diálogo constructivo y el respeto de las leyes y de las instituciones.