Declaración de Rosario - Marzo 2001

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 22 y 23 de marzo de 2001, luego de un profundo debate sobre los temas objeto de la convocatoria y con los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.


DECLARA



  1. Que advierte con honda preocupación que, en una provincia argentina con una larga y coherente trayectoria institucional como lo es la de Buenos Aires, se hayan alzado voces provenientes de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y de algunos legisladores oficialistas que proponen la eliminación de la garantía constitucionalidad de inamovilidad de los Jueces y Funcionarios Judiciales. Tales posturas, colisionantes con el sistema republicano de gobierno adoptado por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y garantizado por la Constitución Nacional, se enderezan a poner en peligro la división de Poderes y la Independencia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y por lo tanto, merecen el más rotundo rechazo de toda la judicatura argentina representada en esta Federación.

  2. Que se ve con marcada preocupación que el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Catamarca, conformado por seis integrantes, haya destituido a un Juez por la causal de desconocimiento del derecho con el voto de cuatro miembros, siendo dos de ellos no profesionales del derecho.

  3. Que ante la reciente creación de organismos provinciales tendientes a investigar el funcionamiento de la Administración Pública, como sucede en la Provincia de Entre Ríos, corresponde requerir a sus titulares que ajusten a su cometido a la función para la cual fueron creados evitando incurrir, en sus presentaciones judiciales o declaraciones públicas, en manifestaciones descalificantes o amenaza de denuncias ante los Tribunales de Enjuiciamiento, que en definitiva se traducen en una afectación a la independencia del Poder Judicial.
  4. Que corresponde ratificar el le
    gítimo derecho de los magistrados y funcionarios a recurrir ante tribunales independientes e imparciales, expresando la preocupación de la magistratura argentina ante recientes decisiones del Superior Tribunales de Justicia de la Provincia de La Pampa que, habiendo impuesto sanciones a magistrados en ejercicios de facultades de superintendencia administrativa, con posterioridad actuaron jurisdiccionalmente en revisión de sus mismos actos. Esa doble intervención coarta los legítimos derechos de magistrados y funcionarios consagrados en la Ley Suprema, que aseguran el acceso pleno a la jurisdicción, el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho a la defensa en juicio. Sostenida esta postura por otros tribunales del país, nos encontramos en la obligación de exhortarlos a adoptar un temperamento que asegure a los integrantes del Poder Judicial, su derecho a ser juzgados con las mismas garantías constitucionales que gozan todos los habitantes de la Nación.

  5. Que se reclama nuevamente al Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro efectivice en término y regularice el pago de las retribuciones mensuales adeudadas a magistrados y funcionarios, atento al reiterado incumplimiento incurrido, violatorio de su obligación institucional.

  6. Que, ante la situación planteada en la Provincia de Santiago del Estero, esta Federación comparte la reciente declaración de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de la República Argentina en el sentido que, "el actual Estado de Derecho no admite presiones que puedan agraviar los principios liminares que sustentan la independencia del Poder Judicial, la imparcialidad y el respeto a las instituciones. No es posible cuestionar el prestigio del Poder Judicial, último reaseguro del sistema Republicano. Si existen inconvenientes sobre el anormal funcionamiento de algún sector puntual del Poder Judicial, deben hacerse valer las vías legales pertinentes a los efectos de provocar el cese de la disfunción y el permanente perfeccionamiento de las instituciones. La crítica generalizada procurando el desprestigio institucional agravia el sistema democrático y la credibilidad, por lo que deben utilizarse los propios mecanismos institucionales para procurar la solución de conflictos como única metodología para ir depurando la democracia argentina"

  7. Que la FAM aprueba y hace suyos las conclusiones y propuestas arribadas en el "Encuentro de Secretarios Judiciales", auspiciado por la misma y realizado en oportunidad de la presente reunión de Junta de Gobierno, comprometiéndose a adoptar y promover toda medida tendiente a afianzar la jerarquización y revalorización de la función del Secretario Judicial.