Declaración de San Juan - Octubre 2000

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en Asamblea Ordinaria en la ciudad de San Juan, los días 19 y 20 de octubre de 2000, con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catarmarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, luego del debate sobre los temas de la convocatoria,


DECLARA



  1. La F.A.M. ratifica el legítimo derecho de magistrados y funcionarios judiciales, como de todo ciudadano, de recurrir ante la justicia en demanda de lo que estimen sus derechos, más allá de su procedencia. Rechaza y repudia cualquier intento de cercenar ese derecho, sea en forma de amenazas, operativos de prensa, comisiones de juicio político o proyectos de reforma constitucional que pretenden suprimir la intangibilidad de las remuneraciones, la estabilidad de los magistrados o coartar el legítimo ejercicio de derechos ciudadanos, provengan de donde provengan. Consentirlo o silenciarlo importaría poner en peligro el orden constitucional.

  2. Frente a la sanción de leyes que afectan la independencia del Poder Judicial, vulnerando la intangibilidad de los sueldos de los magistrados -uno de los pilares fundamentales que sustenta la misma -, como ocurre en la Provincia de Mendoza a través de la sanción de la ley 6.819, la F.A.M. apoya la actitud asumida por los magistrados de esa Provincia y reafirma una vez más que los derechos y garantías que consagran la Constitución Nacional, sin un Poder Judicial independiente se transformarían en una simple expresión de deseos o letra muerta. Esta protección, junto a la de la inamovilidad en el cargo, no es un privilegio para los funcionarios o magistrados sino garantía de independencia de la función para el conjunto de los habitantes de la República.

  3. La F.A.M. nuevamente se encuentra en la obligación de señalar la importancia del rol que cumplen los secretarios letrados dentro de la función judicial y exhorta a las Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias ha extender y asimilar, por la vía legal que corresponda, la intangibilidad de las remuneraciones, siguiendo el temperamento adoptado en varias Provincias argentinas.

  4. Ante la situación planteada en la Provincia de Catamarca, la F.A.M. destaca que las únicas vías admisibles para remover a un magistrado son las previstas expresamente en las disposiciones legales y constitucionales vigentes, rechazando cualquier otro método.

  5. Esta Asamblea ha recibido con beneplácito la exclusión del Poder Judicial en la ley de prórroga de la intervención federal a la Provincia de Corrientes. No obstante lo cual, y hasta tanto se constituya el Juri de Enjuiciamiento previsto en el art. 4° de la mencionada ley, se reclama a las autoridades de la Intervención se abstengan de disponer nuevas cesantías.

  6. Ante la persistencia de los atrasos en el pago de las remuneraciones de magistrados y funcionarios de la Provincia de Río Negro, se requiere la regularización inmediata de los mismos. Asimismo, se exhorta a los poderes políticos a no afectar por vías de reducciones presupuestarias, la funcionalidad del Poder Judicial y su independencia.

  7. La F.A.M. reafirma que son funciones indelegables del Estado la acusación, la defensa oficial, la representación promiscua de los menores e incapaces y el asesoramiento de pobres y ausentes, rechazando cualquier intento de privatizarlas.

  8. La F.A.M. exhorta a las provincias que aún mantienen como afiliados obligatorios a obras sociales del Estado a magistrados y miembros del ministerio público fiscal y pupilar, y a secretarios, a instrumentar las medidas necesarias para asegurar el derecho a la libre elección de una obra social.

    Igualmente, para preservar el principio de intangibilidad de las remuneraciones se insta a las provincias que ya han reconocido el derecho a la desafiliación, a transferir los aportes patronales que por ley corresponden, a la obra social elegida.