Declaración de Mendoza - Junio 2000

La Junta de Gobierno de la FEDERACION ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA, en reunión extraordinaria en la Ciudad de Mendoza, los días 22 y 23 de junio de 2000, luego de un extenso y profundo debate sobre objetos de la convocatoria y con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, y Tucumán.


DECLARA



  1. Ante los hechos de dominio público de incolumnidad de las remuneraciones establecido para magistrados y funcionarios, lejos de ser un beneficio o privilegio concedido en su favor, se trata de una garantía que la Constitución Nacional y las Provinciales establecen en resguardo de los derechos de los habitantes del suelo argentino, de poder, en cada caso, acudir reclamando justicia a personas cuyos sueldos no dependan de la voluntad de terceros ni de otros poderes del estado, sino solamente de su condición de tales.

    Como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación: ..."La reforma constitucional ha reiterado en el artículo 110 de dicho cuerpo legal la redacción del texto del artículo 96 de la Carta Magna de 1853, es decir que la decisión de los constituyentes de 1994 es demostrativa de inequívoca voluntad de ratificar la absoluta intangibilidad de las compensaciones de los jueces, no solo por que de haberse considerado necesario, conveniente o útil aquellos podrían haber declarado expresamente en el nuevo texto la decisión de clausurar la cláusula de compensación si no también por que la mencionada reiterada ha implicado reconocer a la garantía en cuestión - intangibilidad de la remuneración de los jueces - el alcance y contenido que como derecho vivo le había asignado la Corte Suprema en cada uno de los supuestos en que fue llamada a intervenir como intérprete final de la Constitución Nacional... La intangibilidad de las compensaciones asignadas a los jueces por el ejercicio de sus funciones no constituye un privilegio sino una garantía para asegurar la independencia del Poder Judicial y tiene como destinatarios a la totalidad de los habitantes que gozan del derecho de acceder a un servicio de justicia configurado bajo las pautas que rigen el sistema Republicano de Gobierno..."

  2. La FAM se ve obligada nuevamente, de manera especial, a destacar la importancia del rol que cumplen los Secretarios Letrados de los diversos Tribunales. la función de estos, en la mayoría de los Estados Provinciales, no tiene el reconocimiento merecido dentro y fuera del sistema judicial, afectándose así a su debida jerarquía.
    Evidencia de lo anterior, resulta, en lo general, el bajo nivel de salarios que perciben, afectando aun más por la retención del impuesto a las ganancias, la reducción del mínimo no imponible, la elevación de las alícuotas, la eliminación de las asignaciones familiares, y por la creciente exigencia de una constante capacitación con el alto costo que ella demanda.

    Ante ello la FAM insta a los tres poderes de los Estados Provinciales, en su caso, a adoptar medidas concretas que permitan superar el estado de cosas que se describen. En esta tarea resulta necesario repensar el alcance de la garantía del Art. 110 de la Constitución Nacional con relación a estos Funcionarios, y eventualmente, dictar normas que la consagren tales como acordadas, decretos, leyes o, lo que es más, inclusiones constitucionales como las que efectuaran las Provincias de Jujuy y Río Negro.

  3. Provincia de Corrientes: Se reitera la preocupación por la que atraviesa el Poder Judicial de la provincia de Corrientes que continúa intervenido, habida cuenta de la prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, situación que afecta tanto a los justiciables como a los que deben impartir justicia, puesto que al no mantenerse la garantía de inamovilidad de los Jueces se menoscaba su necesaria independencia.

    Se requiere a las autoridades nacionales pongan fin a esa situación para evitar que un remedio de carácter excepcional se transforme en un medio permanente de afectación de garantías incluidas en la Constitución Nacional.

  4. Provincia de Tucumán: La FAM ratifica su posición en el sentido de que, cualquier proyecto de ley que declare la necesidad de la reforma de la Constitución Provincial de Tucumán debe contemplar de manera expresa la prohibición de modificaciones que, de modo inmediato o mediato, vulneren la garantía de inmovilidad de los magistrados y funcionarios del Ministerio Público del Poder Judicial.