Declaración de Salta - Marzo 2000

La Junta de Gobierno de la FEDERACION ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA, en reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de Salta, los días 23 y 24 de marzo de 2000, luego de un extenso y profundo debate sobre los temas objeto de la convocatoria y con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.


DECLARA



  1. Que la intervención federal al Poder Judicial de la Provincia de Corrientes ha importado la remoción por decreto de un gran número de magistrados y funcionarios judiciales de esa Provincia omitiendo toda motivación y sin garantizarles su derecho constitucional de defensa. Al mismo tiempo, los que no han sido removidos, continúan ejerciendo sus funciones jurisdiccionales privados de la garantía constitucional de estabilidad en sus cargos, en detrimento de la necesaria tranquilidad de espíritu que requiere el ejercicio responsable de la labor judicial.

    Que la intervención federal fue dispuesta para restaurar el orden institucional alterado y restablecer la vigencia de la forma de gobierno republicana, pero sus facultades no pueden ser ejercidas con discrecionalidad absoluta y al margen de los principios, derechos y garantía constitucionales, que rigen aún en las situaciones de excepción.

    Que debe ponerse urgente remedio a la grave situación descripta, que afecta al Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, a sus integrantes y primordialmente a los propios justiciables. En mérito a ello, se requiere a las autoridades competentes no dispongan cesantías sin juicio previo y, a la finalización del primer plazo de duración de la intervención, cese el estado en comisión de los magistrados y funcionarios judiciales de esa Provincia garantizando la inamovilidad futura de quienes han sido designados de conformidad a las normas constitucionales pertinentes.

  2. Que resulta indispensable que las Provincias que no cuenten con procedimientos adecuados de selección de magistrados y funcionarios judiciales, los implementen en forma inmediata a fin de garantizar, además de su idoneidad, su total independencia. Hasta tanto ello se concrete, a fin de garantizar el requisito constitucional de la idoneidad, deberán tenerse especialmente en cuenta los antecedentes personales, funcionales y profesionales, y el compromiso democrático que justifiquen no sólo una real vocación para el cargo para el que son propuestos, sino también su independencia.

  3. Que ante la presentación pública de Proyectos o Planes de Reforma Judicial, de diverso origen y autoría, ya sea de carácter general o referidos a determinados fueros, esta Federación cree necesario advertir que toda reforma o mejora que se proponga en ese sentido debe ser ineludiblemente debatida y consensuada entre los responsables de fijar las políticas judiciales y los magistrados y funcionarios encargados de aplicarlas. Ello no implica negar la necesidad de producir urgentes y profundas reformas del sistema judicial, a fin de brindar a la sociedad no sólo justo sino también eficiente, teniendo en mira al hombre como destinatario principal de ese esfuerzo.

  4. Que corresponde expresar el absoluto desacuerdo con la presentación, al Poder Legislativo de la Provincia de Tucumán, de iniciativas dirigidas a obtener la reforma de la constitución que contemple la puesta en comisión de magistrados y funcionarios del Poder Judicial o la limitación de sus mandatos. Ello constituiría una flagrante vulneración de la garantía constitucional de independencia del órgano jurisdiccional. En un Estado de Derecho los jueces deben ser libres para juzgar según sus convicciones sin presiones de ninguna naturaleza. Ello sólo se garantiza con jueces inamovibles, que permanezcan en sus cargos mientras dure su buena conducta. La temporalidad de sus mandatos o su puesta en comisión constituyen vulneraciones de tales principios, reconocidos enfáticamente por la Constitución Nacional, que las Provincias deben respetar según lo manda su art. 5º.

  5. Que cabe el más enérgico repudio a las leyes de emergencia que afectan -cualquiera sea la justificación que quiera dárseles- una garantía constitucional que no es personal de los jueces funcionarios, sino de los propios justiciables, cual es la intangibilidad absoluta de sus remuneraciones consagrada en el art 110. de la Constitución Nacional, como modo de salvaguardar la independencia de éste esencial Poder del Estado, tal como acontece en la Provincia de Catamarca. Estas leyes no hacen más que agravar la preocupante situación salarial que ya padece dicho Poder Judicial y que lo ubica -según ya fuera puesto en resalto en la última declaración de esta Federación (Bariloche, noviembre 1999)- en el más bajo nivel remunerativo, en comparación con otras Provincias con iguales o mayores dificultades económicas.

  6. Que se reclama nuevamente al Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro regularice el pago de los salarios adeudados a magistrados y funcionarios, atento el reiterado incumplimiento incurrido, violatorio de su obligación constitucional.