Declaración de San Carlos de Bariloche - Noviembre 1999

La Junta de Gobierno de la Federación de la Magistratura, en reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro los días 11, 12 y 13 de noviembre de 1999, luego de un profundo debate sobre los temas objeto de la convocatoria y con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires; Catamarca; Chaco; Chubut; Córdoba; Corrientes; Entre Ríos; Formosa; Jujuy: La Pampa; La Rioja; Mendoza; Misiones Neuquén; Río Negro; Salta; San Juan; Santa Cruz; Santa Fe; Santiago del Estero; Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur; Tucumán.


DECLARA:



  1. Que ante la grave situación planteada en la Provincia de Corrientes corresponde exhortar a su Poder Ejecutivo a los señores miembros de la Legislatura, a los partidos políticos y a su dirigencia en general a buscar -en forma urgente e inmediata- la concertación necesaria para superar la crisis por la que atraviesa la provincia y preservar la vigencia de las instituciones democráticas. En tal sentido, las intervenciones federales "salvadoras" lejos de ser la solución de los problemas dejan secuelas irreparables que en definitiva terminan agravándolos. En cuanto al Poder Judicial, afecta su independencia, suprimiendo la estabilidad de magistrados y funcionarios, garantía fundamental de los intereses de toda la sociedad.

  2. Que con respecto a la crisis institucional por la que atraviesa la Provincia de Formosa, su superación requiere que, sin más dilaciones, la Legislatura cumpla con su mandato de sustanciar, resolver y remover obstáculos para la concreción de los juicios políticos, desafueros y jurados de enjuiciamiento como únicos medios legalmente establecidos para sancionar a los culpables, redimir a los jueces probos afectados y fundamentalmente para que la comunidad recupere la confianza en su Poder Judicial.

  3. Que en cuanto a la situación económico-financiera de la Provincia de Río Negro, que conlleva una virtual cesación de pagos con afectación directa al servicio de justicia, corresponde exigir al Poder Ejecutivo Provincial la transferencia de los fondos que se requieren para el pago de las remuneraciones adeudadas, sin perjuicio de concretar legislativamente la autarquía del Poder Judicial como garantía última de su autonomía funcional.

  4. Que respecto de la Provincia del Chaco causa preocupación que, tras un dilatado juicio y luego de aceptar sus magistrados y funcionarios una propuesta de pago con bonos, que difiere el total recupero del crédito a treinta años de ser devengado, el Poder Ejecutivo Provincial no dé cumplimiento a las obligaciones asumidas, restándoles garantías a los bonos a entregar.

  5. Que se impone manifestar la constante y acentuada preocupación por el bajo nivel salarial que exhibe el Poder Judicial de Catamarca, ubicándose de este modo en el último lugar en relación a otras Provincias con mayores problemas económicos. Todo ello afecta gravemente la independencia funcional como garantía constitucional de necesaria e imprescindible preservación.

  6. Que ante el vencimiento de los acuerdos senatoriales de un gran número de integrantes del Ministerio Público de la Provincia de Salta, se exhorta al Poder Ejecutivo Provincial, al Consejo de la Magistratura, y a la Comisión de Acuerdos del Senado, a que arbitren los medios para que, de resultar ternados los actuales funcionarios que ocupan dichos cargos se les renueve el acuerdo. Asimismo se insta a modificar el sistema de evaluación vigente ponderando adecuadamente el desempeño funcional anterior.

  7. Que se advierte con preocupación que en varias provincias argentinas y con alcance respecto a sus Poderes Judiciales, se invoca recurrentemente una supuesta situación de emergencia económica, afectándose incluso los sistemas provisionales. Debe al respecto denunciarse la grave afectación que ello comporta en relación a derechos legítimamente adquiridos por los ciudadanos y en particular a las remuneraciones del Poder Judicial. La emergencia no es de la sociedad ni la causan los jueces -Poder austero y pobremente reconocido en los presupuestos- de donde resulta de toda injusticia que sean ellos en definitiva los directamente afectados por sus graves consecuencias. La crisis económica que afecta a las provincias es, en todo caso, resultado de malas administraciones, de la escasa preocupación manifestada por los gobernantes en defender los intereses de sus provincias y de los alarmantes actos de corrupción en diversas esferas del Estado, manifestados y reconocidos por la propia dirigencia política.

  8. Que finalmente la F.A.M. considera que los magistrados y funcionarios judiciales debemos profundizar el compromiso colectivo de extremar esfuerzos en el cumplimiento de las normas legales encaminadas al esclarecimiento y sanción en tiempo propio de los hechos de corrupción que afectan gravemente al sistema democrático y a la credibilidad de la sociedad en sus instituciones. Nos incumbe un papel protagónico al respecto, sin perjuicio de que los Poderes competentes adecuen y perfeccionen las normas procesales y de fondo necesarias para alcanzar esa finalidad. La investigación y condena de la corrupción, unidas a la defensa de los derechos fundamentales y de la primacía de la Constitución deben ser objetivos prioritarios e ineludibles de los jueces del milenio que se inicia.