Declaración de Rosario - Noviembre 1998

La Junta de Gobierno de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA, en reunión ordinaria celebrada en la ciudad de Rosario, Cuna de la Bandera, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 1998, luego de un profundo debate sobre los temas objeto de la convocatoria, y con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires; Chaco; Córdoba; Chubut; Corrientes; Entre Ríos; Formosa: Jujuy; Mendoza, Misiones; Río Negro; Salta; Santiago del Estero; Santa Fe; San Juan y Tierra del Fuego,


DECLARA:



  1. Que esta Federación debe reiterar la importancia del goce de efectiva independencia por parte de los Poderes Judiciales como sustento esencial de la República y del Estado Derecho; como asimismo la necesidad de una continua lucha por la defensa de los principios constitucionales que la afirman.

    Que en ese camino, desde hace ya largo tiempo, se viene analizando el desarrollo en la provincia de San Luis, de acontecimientos críticos que afectan el desenvolvimiento estructural y funcional de su Poder Judicial y el protagonismo del Colegio de Magistrados de San Luis, asociado a esta Federación.

    Que en tal sentido, en pronunciamientos anteriores se ha advertido la existencia de vicios constitucionales en la legislación sancionada en la provincia de San Luis (Declaración de Córdoba, abril de 1997) y sostenido que la apertura de enjuiciamiento a magistrados por causa de mero discenso con resoluciones jurisdiccionales estimadas inconvenientes, como asimismo la temporalidad del cargo judicial, afectan la independencia del Poder Judicial (Declaración de Ushuaia, noviembre de 1997), que la cesantía -sin sumario previo- de doce Secretarias del Poder Judicial comporta una clara violación de normas legales y constitucionales, por lo que se alentó a la comunidad judicial de esa provincia a defender con firmeza la independencia del Poder Judicial y a las instituciones asociadas a que se pronuncien categóricamente en tal sentido, conforme con los fines estatutarios de la Federación ( Declaración de Buenos Aires, abril de 1998).

    Que la continuidad de las situaciones expuestas y el incumplimiento por parte del Colegio de Magistrados de San Luis de los pronunciamientos requeridos, determinó que se lo apercibiera por haber hecho caso omiso a las actitudes reclamadas (Asamblea en Córdoba, Agosto de 1998).

    Que no obstante los precedentes expresados, el Colegio de Magistrados de San Luis persiste en la actitud de enfrentamiento contumaz con los principios y objetivos fundantes y propios de la pertenencia a la Federación, lo que implica una clara pérdida de la vocación asociativa, desafectación que los coloca fuera de la misma y obliga a esta Asamblea a la sanción de separación conforme al artículo 24 de los Estatutos que así lo faculta en los casos de acciones u omisiones contrarias a sus fines.

  2. Que esta Federación observó con preocupación que las reformas judiciales que se están implementando o proyectando en las distintas jurisdicciones del país, no contemplan con adecuada dimensión ni las necesidades de infraestructura propias para la eficacia de su pronunciamiento, ni el tiempo que requiere la transición hacia la total implementación de las nuevas estructuras y procedimientos judiciales.

    Que sin dejar de advertir la riqueza de un momento de profunda reflexión y dinámica, tanto en los análisis sobre los aspectos críticos del sistema judicial como en la toma de decisiones al respecto, es necesario sin embargo reclamar prudencia en los alcances de la reforma y en los tiempos de su implementación, de modo que se eviten fuertes desajustes con respecto a las posibilidades que brinda la realidad sobre la cual deben operar.

    Que en los casos en que no se tiene tal prudencia, y la impaciencia por producir cambios frente a los reclamos ciudadanos, lleva a plasmar apresuradas modificaciones sin suficiente evaluación de su necesidad o sustento para su implementación, las frustraciones que devienen tras la reforma profundizan el descrédito y restan eficacia al servicio de justicia.

  3. Que se advierte la necesidad de la cobertura inmediata de las vacantes definitivas con titulares y no con " sustitutos" de carácter precario, a los fines de preservar el principio del Juez natural y la independencia del Poder Judicial