Declaración de Buenos Aires - Abril 1998

La JUNTA DE GOBIERNO de la FEDERACION ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA, en reunión ordinaria celebrada en la Ciudad de Buenos Aires, los días 23 y 24 de abril de 1998, luego de un extenso y profundo debate sobre los temas objeto de la convocatoria, y con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán;


DECLARA:



  1. Que resulta necesario ratificar, que la temporalidad del cargo judicial constituye un desconocimiento absoluto de la garantia constitucional de inamovilidad. En el caso de laProvincia de San Luis, se ha llegado incluso al dictado de ley 5121, que ataca directamente tal garantía (art. 201 de la Constitución provincial y 110 de la Constitucional Nacional), " ... al exigir revalidación periódica de la capacidad de los magistrados, en clara contradicción con normas constitucionales vigentes en dicha Provincia. La idoneidad de los jueces se manifiesta cotidianamente en sus sentencias, que sólo están sujetas al control de las partes y a la revisión por los órganos jurisdiccionales superiores en los casos en que la ley procesal lo faculta. ..." (Declaración de Ushuaia, Noviembre de 1997).

    Que la mera suspensión de la operatividad de esta ley inconstitucional, no satisface ni repara la grave lesión a la independencia del Poder Judicial, ni puede admitirse su utilización como objeto de negociación alguna. Sólo su lisa y llana derogación restablecerá la vigencia del principio de inamovilidad establecido no para beneficio para los magistrados, sino como garantía para todos los ciudadanos; como también lo es el de intangibilidad de las remuneraciones que, conculcado, merece rápido y eficaz amparo jurisdiccional. El respeto a tales principios constituye una garantía para los ciudadanos y una obligación de los poderes del Estado, no una mera prerrogativa de los magistrados. "De allí que todo esfuerzo personal o institucional para defender la independencia del Poder Judicial, es lícito y necesario cuando se pretende vulnerar los principios que la sostienen ..." (Declaración de Córdoba, Abril de 1997).

    Que la crisis institucional en la Provincia de San Luis, se ha visto agravada por lacesantía de doce (12) Secretarias de los tribunales del Poder Judicial sin sumario previo, invocándose el art. 10 de la Ley 5113 que resulta claramente violatoria de los art. 214 de la Constitución Provincial y 18 de la Constitución Nacional que garatiza la liminar garantía de defensa en juicio. Tal agravio constitucional exige rápida reparación, a través de la inmediata reincorporación de las funcionarias judiciales ilegítima y arbitrariamente separadas de sus cargos.

    Que la Junta de Gobierno de esta Federación, oído lo informado sobre el cuadro de situación, ratifica las gestiones y actuaciones realizadas por la Presidencia, disponiendo que continúe con las actividades necesarias y conducentes a la irrestricta defensa y restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales.

    Que se alienta a la comunidad judicial de la Provincia de San Luis a defender con firmeza estos principios; y a las instituciones asociadas que se pronuncien categóricamente en tal sentido, en coherencia con los fines estatutarios de esta Federación.

  2. Que la facultad de superintendencia de los Tribunales Superiores y Cortes Supremas de Justicia provinciales, debe ejercerse dentro del marco de los mandatos constitucionales y respetando las particularidades propias de cada función judicial. En tal sentido, no se advierte una feliz coherencia, en las recientes medidas dictadas por el Excmo. Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba(Acuerdo Reglamentario N° 425 del 7/04/98), que establecen una rígida estructuración de la dedicación funcional. El eficaz desempeño de las tareas que impone la función judicial y su jerarquización, exigen otra ponderación y tratamiento.

  3. Que la falta de tratamiento y sanción del Proyecto de reglamentación del Consejo de la Magistratura, como ocurre en las Provincias de Misiones y Formosa, afecta a los ciudadanos de esas Provincias privándolos de un procedimiento que garantice la designación de jueces y funcionarios idóneos.