Declaración de Paraná - Junio 1997

La JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA (F.A.M.), en Reunión Ordinaria, realizada en la ciudad de Paraná (Entre Ríos) los días 26 y 27 de junio de 1997, y luego de un extenso y profundo debate sobre los temas objeto de convocatoria y con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán;


DECLARA



  1. Que se ve con preocupación la reiteración de discursos en nuestra sociedad que generalizan imprudentemente un juicio adverso y sustancialmente injusto hacia el funcionamiento del Poder Judicial, sin reparar que tan indiscriminada referencia agravia a la inmensa mayoría de sus integrantes que, en toda la Nación, ejercen -dentro de situaciones críticas y en un marco de carencias con probidad, dedicación y esfuerzo su delicada tarea de administrar justicia-.

  2. Que la existencia de Magistrados que no cumplen acabadamente su función debe encontrar, necesariamente, el cauce del debido juzgamiento y sanción sin olvidar que tal situación encuentra, en buena medida, su profunda causa en los sistemas de designación de carácter político o discrecional, que no se sustentan en la experiencia, idoneidad y probidad.

  3. Que es por ello que la independencia del Poder Judicial empieza por el aseguramiento de un sistema de selección, promoción y remoción de los jueces que responda a aquellos parámetros que asegure sus estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta.

  4. Que la independencia de los jueces no solo pone en peligro con las distintas formas de subordinación a otras poderes sino también a través de sistemas disciplinarios o sancionatorios practicados por Tribunales Superiores que restringen indebidamente la autonomía de las decisiones de los jueces dentro del marco de los hechos puestos bajo su conocimiento y del derecho aplicable, de los cuales es el intérprete cualificado por la competencia que le da las Ley, sin perjuicio de los controles por vía de revisión.

  5. Que corresponde expresar con preocupación -reiterando anteriores declaraciones- que en el caso de sancionarse y promulgarse leyes que declaren la necesidad de reforma de Constituciones Provinciales, de ningún modo deberán incluirse puntos que comprometan la estabilidad de los Magistrados y Funcionarios de sus Poderes Judiciales ya que, de tal forma se afectaría gravemente el valor seguridad jurídica y el principio de independencia respecto a los otros Poderes del Estado.

  6. Que cabe instar a la Legislatura de la Provincia de Río Negro a ser muy cautelosa en la sanción de una ley que, en el otorgamiento de atribuciones al Superior Tribunal de Justicia para modificar o ampliar la competencia de los órganos inferiores, pueda lesionar la inamovilidad y el principio del juez natural.

  7. Que corresponde solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa la pronta sanción de la Ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura acorde las pautas fijadas por la Constitución provincial.

  8. Que cabe mantener el estado de inquietud, puesto de resalto en la Declaración de Córdoba respecto a la provincia de Jujuy, sin perjuicio de haberse constatado la sensible mejora de la del Poder Judicial de esa provincia al cesar las "sanciones" que se denunciaran en dicha Declaración.