Declaración de Córdoba - Abril 1997

La JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA (F.A.M.) en Reunión Extraordinaria, realizada en la Ciudad de Córdoba los días 3 y 4 de abril de 1997, y luego de un extenso y profundo debate sobre los temas objeto de convocatoria y con la asistencia de los representantes de las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán;


DECLARA



Que la Constitución de la Nación es la Ley Suprema de los argentinos y, por ende, todo el ordenamiento jurídico y la actuación de los integrantes de los Poderes del Estado (Nacional como Provincial), deben ajustarse a su normativa y espíritu.

Es por ello, que resulta preocupante la persistencia sistemática de situaciones que ponen en riesgo el sistema republicano de gobierno -que conlleva la división de poderes- socavando, en consecuencia, la posibilidad del control de los actos de gobierno por el Poder Judicial -que es a quien el pueblo le ha encargado su custodia- debe ser especialmente respetada por los otros poderes, a los fines de garantizar efectivamente el real y libre ejercicio de los derechos ciudadanos.

De allí que todo esfuerzo personal o institucional para defender la Independencia del Poder Judicial, es lícito y necesario cuando se pretende vulnerar los principios que la sostienen.

En este marco resulta un deber insoslayable de esta Junta de Gobierno:

  1. Respaldar la actuación de los directivos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba, sancionados por el T.S.J. por Acuerdo Nº 16 del 2/04/97, destacando que el Alto Cuerpo carece de competencia judicial originaria sobre las asociaciones civiles -entre las que se encuentra la de Magistrados y Funcionarios- y, por ende, no puede hacer extensiva sanción alguna a quienes actuaron en nombre y representación de dicha persona jurídica. En este sentido, se afirma que entre el Alto Cuerpo y la Asociación de Magistrados y Funcionarios, no existe relación jerárquica que pueda dar lugar al ejercicio de la función administrativa de superintendencia, ni facultad disciplinaria de ninguna naturaleza. Los Magistrados y Funcionarios sancionados, actuaron legitimados por los derechos de libre expresión y opinión, -reconocidos por las Constituciones Nacional y Provincial- a todo habitante; no existiendo conducta reprochable en cuanto asumieron la defensa de garantías constitucionales que aseguran la independencia del Poder Judicial, evitando la supresión de Juzgados y solicitando al Poder Ejecutivo la cobertura de vacantes en numerosos tribunales. La sanción aludida resulta contraria al Pacto de San José de Costa Rica (art. 13º), a la Constitución Nacional (art. 14º) y a la Constitución Provincial (art. 35º), ya que limita indebidamente los derechos de opinión y crítica reconocidos expresamente por los dispositivos aludidos y según el criterio permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ED, 149-245).

  2. Expresar con preocupación que en el caso de sancionarse y promulgarse leyes que declaren la necesidad de reformas de la Constituciones Provinciales, de ningún modo deberán incluirse puntos que comprometan la estabilidad de los Magistrados y Funcionarios de los Poderes Judiciales (como se pretende en Tucumán y Córdoba) ya que se afectaría gravemente el valor seguridad jurídica, y el principio de independencia respecto a los otros poderes del Estado.

  3. Reclamar al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, la derogación de la Acordada 1/97 que vulnera la garantía constitucional de la intangibilidad de las compensaciones de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de dicha provincia (Const. Nacional arts. 110-120 y Const. Prov. art. 199 inc. 4º).

  4. Resaltar la inquietud creada en el ánimo de este Cuerpo, por la denuncia del representante del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy que ha señalado enfáticamente las numerosas sanciones aplicadas por el Superior Tribunal de Justicia de esa Provincia a los Magistrados y Funcionarios, con fundamento en el ejercicio "del poder disciplinario" o de "superintendencia" o "porque se han rebelado, no aplicando la doctrina legal de este órgano judicial"; haciendo conocer, además, el camino escogido por algunos magistrados que en ejercicio de sus derechos han solicitado a la H. legislatura de la Provincia, el Juicio Político de los miembros del Alto Cuerpo.

  5. Aguardar con expectativa una decisión favorable del Poder Ejecutivo de la Pcia. de San Luis respecto de la modificación de la Ley de Jury de Enjuiciamiento para Magistrados y Funcionarios de esa Provincia, como asimismo, de la Ley de Autarquía Financiera del Poder Judicial, cuerpos normativos éstos, respecto de los cuales el Sr. Gobernador se comprometiera a escuchar la opinión de los Colegios de Magistrados y Funcionarios, la que ya fuera elevada y donde se advierte de algunos vicios constitucionales; esperando también una resolución favorable del poder político acerca de la propuesta remunerativa que Magistrados y Funcionarios efectuaran como gesto solidario a la crisis económica por la que atraviesa esa provincia, sin que ello signifique vulnerar el principio de intangibilidad. Todo lo expresado conforme a las pautas acordadas en la ciudad de Buenos Aires con fecha 11/3/97, con intervención del Gobernador de la Pcia. de San Luis, la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Provincias, el Presidente de la FAM y representantes del Colegios de Magistrados y Funcionarios de esa Provincia.