La FAM repudia las agresiones y amenazas al fiscal Cartasegna

Institucionales 02 de mayo Por
En un comunicado la entidad expresa su más enfático rechazo contra todo acto que atente contra los Magistrados y Funcionarios judiciales en el ejercicio legítimo de su función.
fernando cartasegna Bs As
Agresiones al Fiscal - Fernando Cartasegna

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresa su más enfático rechazo contra todo acto que atente contra los Magistrados y Funcionarios judiciales en el ejercicio legítimo de su función y expresa su más profunda preocupación por las agresiones sufridas por el Fiscal Fernando Cartasegna y adhiere en todo a lo expresado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, cuyo comunicado copiamos a continuación:

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, hace pública su solidaridad con el fiscal Fernando Cartasegna y su familia y expresa su más enfático repudio a las agresiones y amenazas de las que fuera víctima. 

Quienes pretenden obtener impunidad por la vía de la violencia deben recibir una respuesta contundente por parte de los tres Poderes del Estado. No puede minimizarse el creciente número de agresiones que sufren funcionarios y magistrados, originados en el cumplimiento de las responsabilidades que les fueran confiadas por los ciudadanos. 

Para construir una sociedad más pacífica es imprescindible que, junto con la persecución de los violentos, se ejerza la responsabilidad al momento de evaluar públicamente las decisiones funcionales y jurisdiccionales. La liviandad con la que muchas veces se echa sombra sobre esas actuaciones, sin cabal conocimiento de los fundamentos que las motivan, contribuyen a crear un clima de descrédito institucional y de desasosiego social. 

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires invita públicamente a los representantes de los poderes del estado a coordinar esfuerzos para revertir el deterioro de la percepción pública del desempeño de las instituciones que integran el sistema de administración de justicia y para jerarquizar a sus operadores, que han sido seleccionados y son controlados por los ciudadanos a través de sus representantes.”